El senador liberal está acusado por los hechos punibles de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, de cuando era ministro de Obras Públicas en el año 2012.
El juicio oral se desarrollará los días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre, tal como lo marcó el tribunal de sentencia, siempre y cuando no se presente alguna chicana para frenar la marcha del juzgamiento.
Durante casi cinco años el senador liberal trabó innumerables veces la marcha del proceso en su contra, con la presentación de incidentes meramente dilatorios. Una vez, para suspender una diligencia presentó un reposo médico de contenido falso, lo que hizo que se le abra otro proceso penal.
Sin embargo, el 3 de octubre del año pasado, cuando la exjueza María Gricelda Caballero elevó el presente proceso a juicio oral, al salir de la audiencia el senador Enrique Salyn Buzarquis dijo que estaba tranquilo para enfrentar ese enjuiciamiento en el cual iba a demostrar su inocencia. Es más, señaló que quería que el juicio se haga de inmediato.
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“Tengo documentos nuevos que aparecieron hoy del procurador donde dice que el Estado paraguayo no tiene deuda alguna, no hay demanda. Yo quiero ir a juicio oral y yo lo pedí, ojalá que mañana sea”, manifestó Buzarquis aquel 3 de octubre de 2018.
Este proceso se inició el 24 de junio de 2014, cuando la fiscala Victoria Acuña imputó al exministro de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis por los hechos punibles de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza.
Según la imputación, el 24 de septiembre de 2012, Buzarquis –entonces ministro de Obras Públicas– firmó un convenio marco y dos anexos en Roma, Italia, con el presidente de Anas International Enterprise, Pietro Ciucci.
Esta firma se comprometía a realizar estudios de suelo en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú; el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tenía que pagarle la suma de US$ 500.000, más US$ 100.000 de un supuesto aporte de Yacyretá, pero los trabajos nunca se hicieron. Según se acusa el dinero se pagó, pero los trabajos nunca fueron efectuados. Además, Buzarquis no podía firmar ese acuerdo sin tener autorización legal y en consecuencia supuestamente cometió el delito de usurpación de funciones.