El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), días atrás reconoció que se acabaron los argumentos dilatorios que impedían tratar la pérdida de investidura de los legisladores acusados y procesados por la Justicia.
El fin de las chicanas se dio gracias a que, mediante la ratificación del Senado, el Congreso aceptó el veto del Ejecutivo a la ley de “Autoblindaje” parlamentario. Así también, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja dictaminó que el pleno debía tomar la decisión respecto a los parlamentarios.
En la fecha, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados debe reunirse para fijar el Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles y, según expresiones de Alliana, también se debe definir la fecha en que se analizarán los pedidos de pérdida de investidura.
La Cámara de Diputados tiene cinco legisladores procesados en diversos delitos. Pero los casos más sonados son tres.
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El diputado de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, cartista) fue procesado por inscribir como funcionarios públicos del Congreso a los empleados particulares de sus negocios y propiedades (similar a los Caseros de Oro de José María Ibáñez).
El altoparanaense Carlos Portillo (PLRA, efrainista) fue grabado pidiendo coima para hacer tráfico de influencia y conseguir una sentencia judicial favorable.
Otro diputado esteño, Ulises Quintana (ANR, Añetete), fue procesado por supuestamente financiar su campaña electoral con el dinero del líder narco Reinaldo Cabaña alias “Cucho”. Los tres tienen pedidos de pérdida de investidura.
Otro legislador procesado es Miguel Cuevas (ANR, Añetete) , imputado por supuesto enriquecimiento ilícito siendo gobernador de Paraguarí.
Cuevas también le generó un gran desfalco a la Cámara de Diputados por contrataciones masivas como “cupos políticos” . La Cámara intentó reprogramar su presupuesto para cubrir el “agujero financiero”, pero el Senado rechazó la propuesta.
Por otro lado, Teófilo Espínola (PLRA, efrainista), de Canindeyú, está procesados por las tragadas de dinero en la Defensoría Pública, durante la gestión de Noyme Yore.
Dos ya fueron “ blanqueados”
Dos diputados del presente periodo también fueron procesados, pero tras años de chicanas, lograron ser blanqueados. Uno es José María Ibáñez (ANR, Añetete), por el caso “Caseros de Oro”. Reconoció el fraude, pero fue beneficiado con el “proceso abreviado”. Su fiscala era Victoria Acuña. Luego, se vio forzado a renunciar a su curul por las protestas ciudadanas. No obstante, el padre del exlegislador fue recompensado con un alto cargo en Itaipú.
Carlos Núñez Salinas (ANR, Añetete) también fue blanqueado. Pese a reconocer evasión de impuestos por contrabando de artículos electrónicos, solo pagó una multa administrativa y su caso de desinfló. Su juez fue Elio Ovelar y su fiscal Luis Said.