El Mandatario firmó el Decreto N° 2599 por el cual veta parcialmente y devuelve al Parlamento el proyecto de Ley N° 6381/2019, “Que modifica y amplía la Ley N° 3728/2009, “Que establece el derecho a la Pensión Alimentaria para las Personas Adultas Mayores en Situación de Pobreza”. La normativa fue sancionada por el Congreso el 16 de setiembre pasado.
El Ejecutivo alegó en las consideraciones del decreto que el Ministerio de Hacienda elaboró estimaciones de potenciales beneficiarios. Refiere que el costo fiscal adicional estaría implicando, según los resultados, aproximadamente US$ 445 millones para el periodo 2020-2024 (cinco años).
Refiere que, en términos agregados, en el corto plazo con la ley vigente el programa representa un costo promedio anual de 0,5% del PIB. Mientras que con la presente propuesta pasaría al 0,8% del PIB. Señala que la cantidad de potenciales beneficiarios y, por ende, el monto a subsidiar serían cada vez mayores. Según el Ejecutivo, las modificaciones propuestas al Programa de Pensión Alimentaria vigente exigirán mayores recursos presupuestarios por parte del Tesoro. Sin embargo, no se contemplan fuentes de financiamiento adicionales, puesto que los recursos planteados ya están comprometidos.
Indica que la sustitución del término “en situación de pobreza” por “en situación de vulnerabilidad social” podría dar lugar a múltiples y amplias interpretaciones, ya que no se especifican las variables a ser consideradas para determinar tal condición, lo que generará inequidades en la asignación de los beneficios, así como también distorsiones en el objetivo principal del programa vigente, que busca proteger a los adultos mayores en situación de pobreza.
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“Que al no contar con una definición clara de lo que implica la ‘situación de vulnerabilidad social’, únicamente se excluirá a las personas que reciban remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social, quienes contribuyan al IRP y quienes en su declaración jurada de impuestos para el IVA declaren ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales y aquellos que posean más de treinta cabezas de ganado”, dice.
Desde el 2010 se implementa el Programa para Adultos Mayores, que consiste en una transferencia mensual a personas mayores de 65 años en condición de pobreza, con lo cual se incrementó la cobertura del sistema de protección social de este conjunto poblacional. El programa tiene como beneficiarios a 193.296 adultos mayores y representa un costo anual de aproximadamente US$ 200 millones.