En el Acuerdo y Sentencia N° 737 del 2 de setiembre pasado el ministro Ramírez Candia dijo que las costas deben imponerse a los senadores que votaron a favor de la resolución declarada inconstitucional, por imperio del artículo 106 de la Constitución que establece la responsabilidad personal de los funcionarios públicos por los actos irregulares emitidos en el ejercicio de la función. (Ver facsímil).

Sin embargo, en declaraciones a la prensa sobre el caso, aseguró que el Senado no es parte en el expediente de Ríos Ávalos y por lo tanto la notificación que se hizo a la Cámara Alta es irregular.

El ministro cayó en una contradicción, porque en su voto dice claramente que las costas deben imponerse a los senadores que votaron por la destitución de Ríos Ávalos. Si consideraba que el Senado no era parte en el juicio, no hubiera dicho que los legisladores le paguen sus honorarios al exministro destituido por juicio político.

Ramírez Candia fue más allá y puntualizó que los senadores cometieron un acto irregular, ya que la resolución de destitución fue declarada inconstitucional.

Por su lado, los camaristas Cristóbal Sánchez y Antonia López impusieron las costas en el orden causado. Si se adherían a la postura de Ramírez Candia los senadores tenían que pagarle sus honorarios a Ríos Ávalos.

Los antecedentes del caso revelan que el exministro presentó una aclaratoria contra el fallo del 30 de diciembre de 2009, por el cual se anuló la resolución del Senado que lo destituyó de la Corte Suprema. Ríos Ávalos solicitó que la Corte se expida sobre las costas.

Ramírez Candia, Sánchez y López hicieron lugar a lo solicitado por Ríos Ávalos, con lo cual según indicaron fuentes judiciales “revivieron” la sentencia de diciembre de 2009, cuya “invalidez jurídica” fue declarada por el pleno de la Corte Suprema mediante una resolución del 5 de enero de 2010.

Según nuestras fuentes, el ministro y los dos camaristas que integraron la Sala Constitucional para resolver la aclaratoria debieron rechazarla por “inoficioso”, atendiendo que no había nada que aclarar, debido a que el fallo que repuso a Ríos Ávalos no tenía “validez jurídica” como resolvió el pleno de la Corte en enero de 2010.

Ahora, la Corte le quiere responsabilizar de todo al ujier que notificó al Senado.

Magistrados fueron removidos

Los magistrados Meneleo Insfrán, Pedro Almada y Juan Francisco Recalde fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño en funciones.

Quedó demostrado que los mismos se extralimitaron en sus funciones al ordenar la reposición de los exministros Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos. Los mismos incluso advirtieron al Senado y al Ejecutivo que se abstengan de designar a otros candidatos en reemplazo de los ministros que dejaron el cargo.

Esa polémica sentencia habría sido “revivida” con la aclaratoria resuelta en setiembre pasado.