Desde hace dos meses la Cámara de Senadores simuló la intención de tratar un paquete de proyectos de ley que generen una reforma electoral (Ver la infografía). El estudio fue convocado para el 19 de noviembre, luego se postergó por una semana y, finalmente, se postergó “sin fecha”.
Entre las propuestas más polémicas figuran aplicar el voto obligatorio con pena de multas, prohibir la propaganda electoral con financiación privada, así como reducir y nivelar el subsidio electoral.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, algunas bancadas reaccionaron ante el apresamiento, en Estados Unidos, de la exdiputada Cynthia Tarrago (ANR), procesada por lavado de dinero con miras a las municipales de 2020; y la encarcelación, en Viñas Cue, del diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), por ser un presunto cómplice del narco Reinaldo Cabaña “Cucho”.
Diputados del PPQ, PLRA, ANR y del sector independiente plantean endurecer el control de la Ley 4743/12 “Que regula el financiamiento político” y su ampliación de la Ley 6167/18, que trajo tibios controles a movimientos partidarios en las internas.
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La propuesta actual, atendiendo el desbloqueo de listas sábana, es obligar a cada candidato a presentar declaración jurada de bienes y demostrar la trazabilidad del dinero. También plantea aplicar fuertes multas económicas, la prohibición de volver a candidatarse y la pérdida de investidura en los casos de los candidatos electos y proclamados.
Receso y postergación de varios años
Sin embargo, todos estos proyectos quedarán cajoneados hasta las elecciones generales de 2023. Esto se debe a que el receso parlamentario inicia en ambas Cámaras en una semana y se extenderá hasta marzo de 2020.
A su vez, el 4 de marzo es la fecha límite para promulgar cualquier modificación al Código Electoral debido a que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realiza la convocatoria oficial y cierra “las reglas de juego” con las leyes vigentes.
Propuestas del Senado
Entre los proyectos se encuentran el presentado por Patria Querida y Hagamos, que plantea reformular el método para elegir a los miembros de cada mesa de votación, priorizando a ciudadanos independientes, por un sistema de sorteo y relegando a los operadores políticos.
Así también, se plantea aplicar el sistema de identificación biométrica (huella dactilar u otro) de los electores, con aparatos especiales, en cada local de votación.
En la ANR se propone legislar para habilitar el voto de las personas detenidas o privadas de libertad que no tengan condena firme. Según el Ministerio de Justicia, se habla de 11.000 presos sin sentencia en todo el país.
Por su parte, el Frente Guasu propone implementar la gratuidad del servicio de transporte público de pasajeros el día de elecciones, para no depender de la estructura logística de partidos tradicionales.
El bloque de izquierda también plantea reducir el subsidio electoral y el aporte estatal que reciben los partidos políticos. Se plantea, igualmente, por parte de la bancada del Frente Guasu prohibir la propaganda política de financiamiento privado.
En tanto, la bancada del PDP plantea prohibir que funcionarios de Itaipú y Yacyretá que lleguen a cargos electivos sigan cobrando impunemente un doble sueldo.
La Ley 6167/18 de control en internas
El 19 de octubre del año pasado fue publicada la Ley 6167/18 que modifica varios artículos del Código Electoral y de la Ley de Financiamiento Político. Se establece en el artículo 64 que en las elecciones internas “los movimientos internos partidarios deberán llevar un registro de los ingresos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante todas las campañas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias”.
Esta será la primera vez que la norma será aplicada en unas elecciones internas municipales, que pretenden realizarse el 12 de julio del año próximo. Diputados buscarán realizar más modificaciones, pero la tardanza en el Congreso imposibilita su uso en 2020.