En el considerando de las resoluciones, la fiscala general señala que la Dirección de Delitos Económicos y Anticorrupción recomendó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en declaraciones juradas de bienes y rentas de los ministros del Ejecutivo, denunciados por el contralor Camilo Benítez.
Los afectados por la decisión de Quiñónez son los ministros: de Educación, Eduardo Petta; de Trabajo, Carla Bacigalupo; de la Secretaría de Acción Social, Mario Varela; Dany Durand, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat; el exministro de Agricultura Denis Lichi y la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz.
Al principio, todos serán indagados por declaración jurada falsa. En algunos casos, no se descarta presunto enriquecimiento ilícito.
Según los datos, Bacigalupo será indagada por el fiscal Jorge Arce. La fiscala Susy Riquelme se apartó del caso de Petta, cuya causa queda a cargo Leonardi Guerrero.
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La fiscala Nathalia Fúster fue nombrada para ver si Durand cometió o no delito. El fiscal Rodrigo Estigarribia indagará a Varela y Lichi será investigado por la fiscala Marlene o González.
El caso de la ministra de la Mujer está a cargo del fiscal Diego Arzamendia.
“A fin de optimizar la tarea fiscal, en lo que hace a la investigación y esclarecimiento de los hechos que podrían resultar punibles, resulta oportuno disponer la apertura de una causa penal por los supuestos hechos punibles de declaración falsa y otros que pudieran surgir en la investigación”, enfatiza Quiñónez en sus resoluciones.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, había explicado que en el caso de la ministra Romero encontraron diferencias entre lo percibido y lo declarado. Alegó que la diferencia patrimonial es aproximada a los G. 500 millones.
Con relación a la ministra Bacigalupo, señaló que no incluyó dentro de sus declaraciones bienes inmuebles ni vehículos de su esposo. Tampoco declaró una deuda correspondiente a un vehículo pagadero en su totalidad en el 2021, agregó.
En el caso de Petta, durante la investigación constataron que es propietario de 12 inmuebles pero solo declaró cinco. Esto, según el cruce de información hecho con documentos proveídos por la dirección de Registros Públicos.
En los registros de Durand hallaron que durante uno de los años examinados, la relación entre sus ingresos y egresos no coincidieron. Además, cuenta con ingresos fuera de la función pública que no fueron declarados.
Podrían existir otros delitos
La investigación ordenada por la fiscala general del Estado no se limita a la declaración falsa. En caso de que se detecten otros posibles hechos punibles, los fiscales pueden ampliar las averiguaciones, según la resolución firmada por la titular del Ministerio Público respecto a cada denunciado.