En la diligencia, se debe resolver si el parlamentario colorado enfrentará o no juicio oral y público por los hechos de estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco –los “caseros de oro” del diputado– ya están a la espera del juicio oral que se hará para ellos el 2, 3 y 7 de febrero del 2020, ante el tribunal de sentencia integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Wilfrido Peralta y Héctor Fabián Escobar.
Chicanas
En el caso del diputado Tomás Rivas, el proceso quedó estancado debido a que el 20 de mayo de 2018, cuando el fiscal Luis Piñánez lo imputó junto a sus caseros, el juez Rubén Riquelme comunicó a la Cámara de Diputados la presentación y envió el pedido de desafuero, pero la defensa del parlamentario apeló esta decisión y el caso fue elevado a la Cámara de Apelación Cuarta Sala, integrada por Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias, para que resuelva el incidente.
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Pero Rivas volvió a presentar recusación contra los camaristas, por lo que se envió a la Sala Penal de la Corte para decidir si correspondía la recusación y también se recusó a los ministros de la Corte. Con todas estas chicanas, recién el 17 de mayo de este año se pudo destrabar el caso.
Por esa razón, el proceso para el diputado Tomás Rivas quedó parado por un año, ya que la Cámara nunca le sacó sus fueros. Ahora, sin más incidentes por resolver, el fiscal Luis Piñánez acusó al parlamentario y pidió juicio oral para él tal como lo hizo con los tres caseros.
Hoy, el diputado por el departamento de Paraguarí debe afrontar la audiencia preliminar siempre y cuando su defensa no vuelva a plantear otra chicana más.
No trabajaban en la Cámara
En su acusación, el fiscal Luis Piñánez señaló que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero y Nery Antonio Franco, quienes figuran en la nómina de funcionarios de la Cámara de Diputados, en realidad nunca asistieron a sus puestos de trabajo, ya que estaban prestando servicios en diferentes inmuebles particulares pertenecientes al diputado Tomás Rivas.
Todos estos hechos fueron probados en la audiencia preliminar y por eso se elevó el pedido de juicio oral.
