Con un orden del día que puede ampliarse y modificarse, la Comisión Permanente tiene en agenda el pedido de intervención municipal contra la gestión del intendente de Concepción Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), quien arrastra dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción y numerosas movilizaciones ciudadanas en repudio a su administración.
Dicha comisión definirá si convoca o no a la Cámara de Diputados durante el receso parlamentario, la única instancia que puede aprobar o rechazar el pedido de intervención contra la gestión de Urbieta. El jefe municipal ya perdió la protección de la Junta Municipal, que durante un año le dio complicidad.
Destitución
Por otra parte, la Comisión también debe analizar si convoca o no a la Cámara Baja durante el receso para estudiar la destitución del intendente del distrito de Benjamín Aceval Óscar Duarte (PPQ).
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La gestión del jefe municipal se encuentra intervenida desde el 11 de octubre último a pedido de la Junta Municipal y gracias a un pacto de Diputados que en contrapartida blanqueó a varios intendentes colorados abdistas.
En su defensa, el intendente suspendido Duarte sostiene que el diputado de la zona, Enrique Mineur (PLRA, llanista), impulsó la intervención y que los concejales se vengaron porque les anuló un aumento salarial que se autoasignaron.
Dinero político
Por otro lado, también se analizará el pedido de convocar a Diputados para tratar el proyecto de ley de acceso público de Declaraciones Juradas de bienes de funcionarios y el proyecto de ley de Trazabilidad del Financiamiento Político.
El proyecto de “trazabilidad” del financiamiento político busca transparentar el dinero que circula en las campañas electorales y que su aplicación ya rija para las próximas elecciones municipales previstas para el 12 de julio.
Mientras que con las modificaciones a la ley de declaraciones juradas se busca que se publiciten las mismas sin ninguna orden judicial.
El proyecto de trazabilidad es duramente resistido por los legisladores de los partidos políticos tradicionales como la ANR y el PLRA. El proyecto fue presentado por partidos minoritarios para complementar el desbloqueo de lista sábana.
La principal proyectista es la diputada y exfiscala Rocío Vallejo (PPQ) ante la necesidad de identificar los fondos que cada candidato dispondrá en su campaña electoral.
Diputados en mayoría buscan postergar el estudio y vigencia de esta ley hasta las elecciones generales del 2023. No tienen intención de aprobarla en forma acelerada para las elecciones municipales del 2020. Si la ley no se aprueba y promulga a principios de marzo, quedaría postergada por años.
CONVOCAR A LAS CÁMARAS
La Comisión Permanente del Congreso es el órgano legislativo que permanece en “guardia” durante el receso parlamentario y su principal función es convocar a las Cámaras de Senadores o de Diputados en caso de emergencia. Este año, la presidencia de la Comisión le corresponde a la Cámara Alta y el senador Arnaldo Franco (ANR, cartista) ocupará dicho cargo temporal hasta el 29 de febrero.
Los deberes y atribuciones de la citada comisión están definidos en los artículos 218, 219 y 220 de la Constitución Nacional. Al término de su actuación, presentará a cada Cámara un informe final de las mismas, y será responsable ante estas.