“A partir de ahora yo me sumo al Consejo de Seguridad Nacional, teniendo en cuenta la injerencia del sistema penitenciario en todo el esquema”, indicó la misma en la víspera, tras la reunión que tuvo lugar en Palacio de Gobierno.
Participaron de la reunión el presidente Mario Abdo Benítez, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, el asesor anticontrabando Emilio Fúster, el ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia y la ministra Pérez.
En la ocasión, la misma informó a los presentes sobre el viaje que realizó al Brasil, ocasión en que se reunió con su homólogo de dicho país Sergio Moro.
“Lo que hice fue informar la visita con el ministro Sergio Moro, quien ha ofrecido cooperación técnica y capacitación al personal penitenciario en materia de máxima seguridad”, dijo.
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Explicó que la capacitación para los guardiacárceles permitirá disminuir los niveles de corrupción entre los mismos.
Luego, señaló que habló con el Presidente de la República para acceder a G. 7.000 millones restantes, de los G. 13.000 millones aprobados por la Ley de Emergencia Penitenciaria. Hasta ahora solo recibieron G. 6.000 millones. En ese sentido, señaló que el Mandatario le indicó que dialogará con el ministro de Hacienda Benigno López para que el mismo desembolse los recursos. El dinero, será direccionado en parte al Instituto de Formación de Guardiacárceles.
Mesa de crisis
Respecto al pedido que realizó al presidente de la Corte Suprema de Justicia ministro Eugenio Jiménez Rolón de reactivar la Mesa de crisis, expresó que el mismo le manifestó que convocará a los demás ministros para tratar el pedido y poder instalar en la brevedad posible la mesa. “Con todos los ministros que he hablado, me dijeron que ya tienen conocimiento del contenido de la agenda y están trabajando en la convocatoria de la mesa”, comentó.
Pérez explicó que la agenda a ser tratada en la Mesa de Crisis tiene cuatro ejes temáticos: dos tienen que ver con la seguridad perimetral y la seguridad dinámica y penitenciaria, lo tercero son los servicios en los centros penitenciarios y el cuarto eje es el trabajo judicial, que implica la depuración de las causas.
“Tenemos de 15.500 personas privadas de su libertad, solo 5.000 tienen defensa pública, tenemos que trabajar sobre los 10.000 restantes con su defensa para saber si es o no una defensa efectiva”, sostuvo.