La Comisión Permanente del Congreso convocó a sesión ordinaria del Senado para este jueves con el fin de tratar, en su segundo punto del orden del día, un proyecto de ley que declare una emergencia sanitaria y ambiental en el país ante el avance del dengue.
Habría acuerdo de bancadas para la aprobación de la propuesta, la cual será rápidamente remitida a la Cámara de Diputados para su revisión en la sesión ordinaria del lunes.
Igualmente, en dicha ocasión, Diputados analizarán un proyecto de ley que pretende penalizar la falta de eliminación de criaderos del dengue en periodo de emergencia. Los proyectistas son los diputados liberales Enrique Mineur, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño junto a Rocío Vallejo (PPQ) y Norma Camacho (PEN).
La senadora Desirée Masi (PDP) señaló que el sistema de salud está desbordado y que los intendentes y gobernadores insisten en que no pueden hacer compras o contrataciones rápidas debido al proceso de licitaciones, motivo por el cual impulsan la emergencia.
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“La primera batalla se está perdiendo a nivel de gobernaciones y municipios. La batalla asistencial en hospitales ya se perdió por lejos por el tiempo de espera”, dijo. Se refirió así al colapso en hospitales en que la ciudadanía debe esperar seis horas para una consulta en un hospital público y tres horas en un hospital privado.
En cuanto al proyecto de penalizar la no eliminación de criaderos, el texto dice que el propietario, poseedor o encargado de un inmueble, advertido por la autoridad, que no elimine criaderos del dengue, zika o chikunguña, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa y en casos graves hasta cinco años.
Agrega que en caso de que se deba realizar el registro de un recinto no se requerirá de la orden de allanamiento prevista en el artículo 187 del Código Procesal Penal, siempre y cuando existan denuncias fundadas.
La declaración sería por 90 días
El pedido de declaración de emergencia sanitaria fue solicitado ayer por el senador Stephan Rasmussen (PPQ), en la sesión de la Comisión Permanente. La iniciativa abarcará un plazo de 90 días. Este proyecto de ley autoriza a las instituciones pertinentes (Ministerio de Salud, Instituto de Previsión Social - IPS, y al Hospital de Clínicas, entre otras), a proceder a nuevas contrataciones de bienes y servicios, como así también de personal, entre otros.