El proyecto de ley plantea que los gastos electorales solo se puedan justificar con comprobantes legales. También crea una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios TSJE para realizar controles de autenticidad, veracidad, completitud y correspondencia de los ingresos y gastos presentados.
Agrega que la inexactitud o falsedad manifiesta, debidamente comprobada a través de un debido proceso ante el TSJE, tendrá la facultad de excluir aquellas documentaciones que no reúnan los requisitos establecidos.
“Posterior a la verificación realizada por el TSJE y en caso de comprobación judicial de la violación del Art. 68. Inc. g (aceptar contribuciones de condenados por narctráfico, lavado, trata o terrorismo) se sancionará al candidato infractor con la suspensión de participar por 10 años para cargos electivos de cualquier tipo”, reza el proyecto.
El senador Stephan Rasmussen (PPQ) dijo que solo condenados con sentencia firme tendrán prohibición de 10 años. El senador Víctor Ríos (PLRA-B) pidió más claridad pero la sesión se levantó.
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