Fuentes de la máxima instancia judicial señalaron a ABC Color que la presión estaría llegando principalmente por parte de representantes de varias facciones del Partido Colorado y también del Partido Liberal Radical Auténtico.

Mientras en el Congreso finalmente se consiguió la promulgación del proyecto de ley de financiamiento político, la intención sería que con la conformación del pleno de la Corte sus miembros emitan un fallo contra el acceso a la información pública.

En tanto hay mejores perspectivas en el proyecto de seguimiento del dinero usado en campañas, se está buscando trabar que se conozcan las DD.JJ.

La Cámara de Diputados destrozó hace dos semanas el proyecto de ley con el que se buscaba que dichos documentos sean públicos de una buena vez. Los responsables fueron los diputados colorados cartistas y abdistas. Días después, el pleno de la Corte decidió dar celeridad para lograr la resolución del caso.

El pedido de rápida resolución fue hecho por el mismo titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón.

Esta semana se deberían conocer ya los nombres de los tres camaristas que todavía faltan integrar el pleno de la Corte Suprema de Justicia, para analizar la acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García contra dos sentencias que obligan a hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de las más altas autoridades de la República de las últimas dos décadas.

Hasta el momento, el camarista Óscar Augusto Paiva Valdovinos, del Tribunal de Apelación Civil, Primera Sala de Asunción, es el único que aceptó integrar la máxima instancia judicial para resolver la citada cuestión.