El Mandatario firmó el Decreto N° 3401 por el cual designa al funcionario Roque Arsenio González Sosa como director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, en reemplazo de Ricardo Herminio Maldonado Banks, quien fue designado en enero del 2014 (Gobierno de Cartes).
El cambio se da en plena coyuntura de reclamo de las industrias que operan bajo este régimen y que actualmente están con problemas para exportar a Brasil, luego de una decisión adoptada por el Mercosur.
El viernes 21 de febrero, el Consejo Nacional de Zonas Francas se reunió para analizar el reclamo del sector que opera en Ciudad del Este. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, presidente del referido organismo, anunció que las industrias afectadas presentarán una propuesta formal para buscar negociar con el vecino país para que no cobre el arancel extraordinario establecido, porque eso va a perjudicar a las empresas instaladas en las zonas francas.
Orué dijo que se dará participación al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a la Dirección Nacional de Aduanas y Cancillería, de tal modo a iniciar las gestiones. Añadió que las firmas señalan que de persistir esta situación, va a generar la suspensión de actividades y despido de personal.
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Explicó que debido a este inconveniente las empresas están migrando al régimen de maquila, pero otras siguen operando en zonas francas esperando una solución y sostienen que con este tipo de medidas se demuestra la falta de seguridad jurídica.
El año pasado se firmó el decreto que internalizó la decisión tomada a nivel de Mercosur, que prohíbe la expedición de certificados de origen a productos fabricados en zonas francas y debido a esto, para exportar al vecino país deben pagar aranceles de entre 16% y 30%.
Actualmente, operan Global y Trans Trade, con 34 empresas que se desempeñan con diversos rubros. Conforme indicaron los empresarios, las mismas dan empleo a 3.400 personas.
Desde noviembre que las industrias instaladas en zona franca están con inconvenientes al exportar sus productos a Brasil, debido a una actualización de la legislación. Esta situación les obliga a pagar aranceles entre 16% y 30%, según el tipo de producto. La solución planteada por el gobierno fue cambiar al régimen de maquila, proceso que podría demorar meses.