Benítez Aldana remitió una nota al titular de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz Ortiz, para recordar la entrada en vigencia de la señalada ley.
El contralor realizó el recordatorio en el marco de la entrada en vigencia de la ley de Emergencia Nacional, que establece flexibilidades para compras por parte de entidades públicas encargadas de la lucha contra el coronavirus.
Benítez señala que si bien la ley de emergencia establece esas facilidades, la Ley 6355 sigue vigente y obliga a los proveedores del Estado a presentar declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos.
“Se amplía la obligación de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, para los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona física o jurídica que de algún modo contrate, preste servicio o realice una obra para el Estado, bajo cualquiera de la modalidades legales previstas”, señala Benítez Aldana en su nota Seitz Ortiz.
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El contralor señala, además, que la Contraloría ha arbitrado todos los mecanismos necesarios a fin de que todos los sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas estén habilitados a realizar una presentación en versión escaneada en formato PDF y enviándola vía email.
La Ley 6355, por otra parte, pone más trabas al acceso ciudadano a las declaraciones juradas. Parlamentarios y el propio Presidente de la República crearon una legislación que exige sentencias judiciales previas para que la ciudadanía pueda acceder a estos documentos.