Un total de 150 municipios y gobernaciones utilizaron menos del 70% de los fondos recibidos en concepto de Fonacide en el último cuatrimestre de 2019. Así lo revela el informe de la Contraloría General de la República (CFR).
El extenso documento de más de 300 páginas fue publicado el viernes en la web de la CGR.
De acuerdo al análisis del ente contralor a las rendiciones de cuentas de gobiernos municipales y departamentales, 74 comunas y gobernaciones utilizaron menos del 40% de los fondos que debían haber destinado a obras de infraestructura para fortalecer el sistema educativo.
Un total de 26 municipios y gobernaciones ejecutaron apenas entre el 40 y el 49%. Otros 50 ejecutaron entre el 50 y el 69%.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Esto arroja que 150 gobiernos municipales y departamentales no ejecutaron siquiera el 70% de los fondos, mientras en todo el país escuelas se caen a pedazos y miles de alumnos padecen las penurias de un resquebrajado sistema educativo.
El informe revela, por otra parte, que solo cinco gobiernos municipales utilizaron la totalidad de los recursos que recibieron en el último cuatrimestre del año pasado.
Dos municipios ni siquiera presentaron sus rendiciones de cuenta. Se trata de Guazú Cua (Ñeembucú) y Fuerte Olimpio (Alto Paraguay).
O por lo menos no lo habían hecho hasta el momento en el que se terminó el informe de la Contraloría.
El municipio de San Carlos del Apa seguía en proceso de revisión.
Cuestiones “llamativas” en la mayoría
Otro punto revelador del informe de la Contraloría es que apenas 12 municipios de los 256 presentaron rendiciones de cuentas en las que no hubo necesidad de realizar observación alguna.
Esto es, que el ente contralor detectó cuestiones cuanto menos llamativas en los informes de 244 municipios y en la totalidad de las gobernaciones.
Las observaciones que realiza la Contraloría a estos informes pueden tener que ver con cuestiones que van desde la forma de las rendiciones de cuenta hasta incongruencias documentales o incluso posibles daños patrimoniales, sobre los que los ordenadores de gastos deben responder.
Si las gobernaciones y municipios remiten la documentación que corrija esas observaciones, las mismas son levantadas.
Si la documentación no es suficiente para levantar esas observaciones, el ente contralor da inicio a otro proceso de verificación.