Este hecho fue denunciado en su momento ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Estado paraguayo admitió su responsabilidad internacional por el hecho de tortura. Acordó realizar una reparación integral a la víctima, incluyendo una indemnización adecuada que debía hacerse efectiva en abril pasado.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no liberó los fondos pese a que el mismo Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 2954/19 aprobó los términos de la reparación, luego de siete años de diálogo e intercambio entre las instituciones del Estado y la víctima, mediante su representante, la Codehupy. El acuerdo de reparación fue suscripto en diciembre de 2019, entre el Estado y Benítez, avalado con su firma por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en su carácter de titular de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva responsable del Cumplimiento de Sentencias y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI). El plazo ya venció y la reparación continúa pendiente. Tras la sentencia ante la CIDH, el Ministerio Público anunció en julio de 2019 la reapertura de la investigación de la denuncia por tortura y malos tratos presentado por Benítez. En agosto de 2019 declaró ante la Fiscalía de DD.HH., sentando como antecedente por primera vez, que Paraguay aplica la doctrina de Cosa Juzgada Fraudulenta.