El juez Humberto Otazú intentará realizar una vez más el análisis de la acusación fiscal y definir si eleva o no el caso a juicio oral y público.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera sustentarán la acusación y el pedido de elevación a juicio oral por un supuesto enriquecimiento ilícito de G. 6.000 millones con relación al exsenador colorado, y de G. 51.000 millones más US$ 82.000 con relación a su hijo Óscar González Chaves.
Según los investigadores, la pericia contable definió que existe una inconsistencia, que no concuerda con los depósitos de dinero, en efectivo y en cheques, recibidos en sus cuentas bancarias.
La mayoría de las cuentas bancarias de González Chaves no aparecieron en su declaración jurada ante la Contraloría General, pese que estaba obligado a informar al ser concejal luqueño.
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Respecto al lavado de dinero, la pericia contable también determina que la firma Príncipe di Savoia SA no posee cualidades financieras para operar por sí misma, y fue utilizada como fachada por los acusados para adquisición y administración de cuantiosos inmuebles, debido a que fueron analizados movimientos financieros, documentos y legales de la citada firma de fachada.
Los dos acusados estuvieron privados de su libertad durante seis meses, pero lograron arresto domiciliario y permiso para trabajar porque se cumplió el plazo de la pena mínima prevista para el hecho punible.
OGD soporta otro proceso por el caso de los audios del JEM.