Durante la sesión ordinaria de Diputados, Alliana autocalificó ayer su gestión como “eficiente” en carácter de titular de la Cámara Baja, que arrancó el 1 de julio de 2019 y concluirá formalmente el 30 de junio próximo. Sin embargo, omitió que encabezó un grupo de al menos 18 diputados (entre colorados y liberales) que el 10 de junio pasado presentó una nota ante la Corte Suprema de Justicia para que no se publiquen las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos electos o no.
El documento, firmado también por Alliana, se remitió el mismo día en que la Corte debía expedirse sobre el tema, y días después que de la Cámara Baja resolviera despenalizar las declaraciones juradas de bienes y rentas de contenido falso. Además siempre insistieron en la necesidad de que se publiquen solo por orden judicial.
La máxima instancia judicial resolvió liberar las declaraciones, mandato que la Contraloría cumplió desde ayer a la mañana con casi 3.000 declaraciones juradas hasta completar 150.000 en un plazo de 60 días.
Durante la gestión de Alliana se archivó la intención de varias pérdidas de investidura. En octubre de 2019 se salvaron gracias al pacto de impunidad Carlos Portillo (PLRA, efrainista), acusado por el caso de tráfico de influencias; Tomás Rivas (ANR, cartista), acusado por el caso “caseros de oro” y los colorados presos Ulises Quintana y Miguel Cuevas, ambos de Añetete. Incluso Alliana se salvó de ser expulsado por el apriete a la Corte junto a sus colegas.
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Intervenciones municipales
Este domingo 28 se cumplen dos meses de la decisión de Diputados de integrar cinco comisiones para estudiar la intervención municipal contra los intendentes de: Pedro Juan Caballero, Concepción, Arroyito, Azotey y Teniente Esteban Martínez. Alliana no apura la integración de las comisiones. Hasta el momento no se constituyó ninguna de ellas.