La mesa de trabajo estará encabezada por la propia Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.
La titular del Ministerio Público explicó ayer a ABC que todavía no se determina abrir investigaciones penales por presunto enriquecimiento ilícito, sino que se traza un plan de trabajo para determinar la procedencia de la apertura.
“En las investigaciones patrimoniales, los fiscales piden informes a la SET y dictámenes de correspondencia de bienes a la Contraloría. Con este trabajo en conjunto lo que queremos es hacerlo de forma trasparente y objetiva, de modo de llegar a procesos serios si es que ameritan”, dijo Quiñónez.
La fiscala general indicó que en la mesa de trabajo estarán la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, la fiscala delegada de esa misma Unidad Especializada Liliana Alcaraz y la directora de la Asesoría Jurídica de la institución, Patricia Doria.
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Por la Contraloría estará el contralor Camilo Benítez y por la SET el viceministro Óscar Orué.
El subsecretario declaró ayer a ABC Cardinal que la mesa de trabajo será para comparar los datos, verificar el tiempo de los incrementos patrimoniales y si el funcionario público puede o no justificar.
Orué aseguró que no se puede dejar a cargo solo de la Contraloría el análisis de 3.000 declaraciones juradas. “Es humanamente imposible que lo haga solo”, precisó el viceministro.
Orué indicó que en la actualidad tienen cien denuncias sobre presunta evasión impositiva y a su institución lo que le interesa es que la persona “pague su impuesto”.
“Esperamos que haya resultados y en la justicia también”, manifestó Orué.
Entre las declaraciones de los altos funcionarios del Gobierno podría darse evasión impositiva, reconoció el viceministro, y aseguró que por eso colaborará con la mesa interinstitucional.
Lamentó, asimismo, que hasta ahora no haya condenas por evasión impositiva, un delito que debe ser dirimido primero en la institución a su cargo y luego en la justicia.
“Necesitaría mil fiscales”
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reconoció que humanamente sería imposible investigar las 3.000 declaraciones juradas sin un análisis previo de los bienes por parte de la Contraloría General porque necesitaría mil fiscales y solo dispone de 350 en todo el país. Asimismo, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos solo hay 15 agentes que actualmente están saturados de procesos.
Es por este motivo que, según la titular del Ministerio Público, se debe analizar los casos puntuales y su procedencia. “Una vez que se encuentren las inconsistencias, los fiscales pueden investigar esas declaraciones juradas”, indicó la fiscala general.