La publicación de DD.JJ. no es suficiente para actuar de oficio

La fiscala Liliana Alcaraz sostiene que la publicación de declaraciones juradas no es suficiente para que intervenga el Ministerio Público. Tiene que haber evidencias de una conducta que sea penalmente relevante, afirmó.

Liliana Alcaraz, fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Liliana Alcaraz, fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción.Archivo, ABC Color

Alcaraz explicó a nuestro diario que la Constitución establece que la República del Paraguay se constituye en un Estado Social de Derecho. Refirió que el artículo 33 de la Carta Magna refiere, entre otras cosas, que la conducta de las personas, en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública.

“Mientras que la conducta del habitante no afecte el orden público o el derecho de terceros, el Estado, a través de sus autoridades, no tiene intervención en virtud, justamente, del reconocimiento que tiene esa persona de sus derechos individuales”, manifestó.

“¿Qué acontece cuando esa persona, con su conducta, lesiona algún derecho o bien jurídico de un tercero?, se preguntó Alcaraz y respondió que: “Ahí es donde interviene el Estado, pues no debe olvidarse que el Estado, por delegación popular y, a través de sus autoridades, es el único legitimado en intervenir en el conflicto generado por la comisión del hecho punible”.

El Estado no puede intervenir ante cualquier conducta y, por otro lado, tampoco cuando interviene, lo hace de manera caprichosa, sino también existen reglas para su intervención, aseguró la fiscala.

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“Esto es lo que se conoce como Derecho Procesal, que en líneas generales, son las reglas establecidas, a través de las leyes, de cómo puede y debe actuar el Estado ante la solución de los conflictos generados por esa conducta”, puntualizó.

Apuntó que cuando se comete un hecho punible, se observa que convergen dos intereses. Por un lado, el interés general de la sociedad en que se esclarezcan los hechos y se sancione al responsable y, el interés del particular, quien goza de derechos individuales.

“Ese interés general (sociedad), en un Estado de Derecho se encuentra representado por el Ministerio Público y, ese interés particular, es representado por la persona que se sospecha haya cometido la conducta indebida (imputado)”, afirmó la fiscala.

Dijo que es sabido que el sistema procesal penal paraguayo vigente contiene un diseño progresivo con miras al ejercicio de la acción penal. Así, para la iniciación de una investigación penal por parte del Ministerio Público se requiere la existencia de “indicios fácticos suficientes” de la comisión de hechos punibles (Artículo 18 del Código Procesal Penal) que es la consagración del Principio de Legalidad. “Siguiendo esta idea, el Ministerio Público no puede abrir una investigación sino tiene la existencia de hechos o conductas que sean penalmente relevantes”, afirmó la fiscala.

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Expresó que en consonancia con ese principio de legalidad que si existe una denuncia, de conformidad a lo que establece el Artículo 285 del Código Procesal Penal, la misma debe contener de manera imperativa un relato circunstanciado del hecho, con indicación de autores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. “El Ministerio Público por imperio del principio de legalidad mencionado precedentemente que tiene las herramientas para decidir no iniciar una investigación si lo que tiene como punto de partida es una denuncia que no describe las circunstancias fácticas que indiquen un hecho punible”.

Para Alcaraz tampoco se debe soslayar, que además de un relato fáctico en una denuncia se deben aportar evidencias que permitan sostener el hecho denunciado. “Es decir, existe la posibilidad indudable de que el Ministerio Público pueda iniciar de oficio una investigación, y no requiere denuncia en los términos del artículo 285 pero solo y cuando llega a su conocimiento, por cualquier medio aquellos indicios fácticos de comisión de un hecho punible”, enfatizó la fiscala.

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En el caso de la publicación de las declaraciones juradas, explicó que aunque las mismas revelen que el funcionario público aumentó su patrimonio de alguna manera, no son indicios fácticos de comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito.

“Para ello, es necesario verificar cuáles son los elementos, en primer lugar, objetivos que se describen en el artículo 3 de la ley 2523/04. Así, citamos de manera sintética la existencia de un funcionario público, con facultad de administración de fondos públicos y que haya obtenido como establece el artículo la posesión, o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente. Otra situación prevista por este artículo es la cancelación, luego de su ingreso a la función pública, deudas o que afectaban su patrimonio, el de su cónyuge o su conviviente, y sus parientes, en condiciones que sobrepasen sus legítimas posibilidades económicas”, dijo Alcaraz.

Al hacer insistida sobre la publicación de declaraciones juradas, respondió que el Ministerio Público sólo podría iniciar de oficio si tiene evidencias o elementos que sostengan que el aumento de ese patrimonio, que tanto es criticado por algunos sectores, no es acorde con las reales posibilidades económicas del funcionario.

“Estos elementos deben ser expuestos ante el representante de la sociedad y tiene que ser tan reveladores para que este inicie de oficio una investigación. Es decir, el Ministerio Público no puede iniciar de oficio una investigación por el delito mencionado con la sola publicación por parte de la Contraloría de las declaraciones juradas. Esta es la garantía que tienen todos los ciudadanos paraguayos porque vivimos en un Estado de Derecho y a su vez es el límite que tiene el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público, para no intervenir si no tiene hechos que indiquen de comisión de hechos punibles”, refirió.

Insistió en que para que se inicie la investigación deben necesariamente darse las circunstancias previstas en este artículo 18 del CPP. Mínimamente en este caso, el órgano de control (Contraloría) debe formular una denuncia si es que verifica de alguna manera que no exista correspondencia en las declaraciones juradas del funcionario, luego de haber analizado y corroborado de alguna manera cuál es la razón o el fundamento por el cual sostiene que lo declarado por el funcionario no se condice con la realidad o en su caso, que el patrimonio expuesto en tal declaración escaparía de sus posibilidades económicas.

“Este es el diseño de nuestras instituciones y el Ministerio Público no es órgano de control y debería iniciar una investigación si se dan hechos que podrían constituir hechos punibles, luego de que los órganos de control hayan desplegado sus funciones; o en su defecto, que llegue a su conocimiento evidencias que indiquen una conducta penalmente relevante y ello sea evidente, ya sea a través de una denuncia, una publicación, una intervención policial o por cualquier otro medio”, dijo.

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