La primera reunión de la mesa de trabajo conformada entre el Ministerio Público, la SET y la Contraloría General, se llevó a cabo ayer y estuvo encabezada por la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
También participaron el contralor general, Camilo Benítez, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación, Óscar Orué, además de los fiscales de Delitos Económicos Liliana Alcaraz y Osmar Legal, entre otros.
Luego del primer encuentra para trazar una línea de trabajo en cuanto a las escandalosas declaraciones juradas que se alzaron en la página web de la Contraloría, se estableció que la SET realizará los perfiles de riesgo y remitirá los reportes a la Contraloría, para que éste órgano de control lleve a cabo exámenes de correspondencias de bienes.
Esto se hará antes de abrir investigaciones fiscales, lo cual genera un alto rechazo de ciudadanos (quieren pesquisa ya), ya que es el Ministerio Público el que tiene la persecución penal de hechos de corrupción y el sistema burocrático puede repercutir en los plazos, ya que solo pueden ser indagados bienes adquiridos en los últimos 10 años. Asimismo, se sospecha que esa disposición está dando tiempo a los “tramposos” para “hacer desaparecer” bienes.
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Pese a la desconfianza, la fiscala general, Sandra Quiñónez, asegura que no habrá impunidad.
“Se propició esta primera mesa de trabajo a fin de articular (mecanismos) con las demás instituciones; queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación, el tiempo establecido no significa impunidad, sino que los informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, prometió Quiñónez.
Camilo Benítez, por su parte, destacó que los controles cruzados establecerán criterios unificados a la hora de valorar hechos, como enriquecimientos ilícitos.
Sobre los perfiles de riesgo, Óscar Orué explicó que desde la SET aportarán un mecanismo de control cruzado a través de un plan de auditoría, donde tomarán a los contribuyentes determinados y se analizarán los niveles de riesgo. De esta forma, dijo, se crearán diferentes perfiles de riesgo que ayudarán a seleccionar mejor los exámenes de declaración jurada.
“La oficiosidad está condicionada”
Desde el Ministerio Público aseguran que la oficiosidad (actuar de oficio) se encuentra condicionada al principio de legalidad, que significa que deben existir hechos concretos de la comisión de un hecho punible. Afirman que al artículo 18 del Código Procesal Penal establece que la fiscalía está obligada a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que haya suficientes indicios fácticos de su existencia.