La jueza del distrito de Columbia (EE.UU.) Ketanji Brown Jackson decidió ayer posponer para hoy la audiencia oral del juicio que mantiene el Estado paraguayo y la aseguradora estatal italiana Sace por la deuda contraída por el argentino-uruguayo Gustavo Gramont Berres (cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel) entre los años 1986 y 1987, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
El procurador general de la República, Roberto Moreno; tres asesores de la Procuraduría: Giuseppe Fossati, asesor legal; y los procuradores delegados Alfredo González y Vicente Rodríguez, y más el estudio jurídico Williams & Connolly LLP, contratado por el Gobierno paraguayo, pedirán hoy la desestimación de la demanda contra nuestro país.
De acuerdo con las estimaciones, los honorarios profesionales del estudio jurídico serían de entre 500.000 y 800.000 dólares.
El Gobierno paraguayo rechaza el “pago del fraude”, que ronda los US$ 95 millones. Señala que la posición está fundada en que el Paraguay, como nación soberana, tiene inmunidad frente a la demanda presentada en los EE.UU. y no ha renunciado a dicha inmunidad, y “por tanto no puede ser demandado por Sace” en dicho país.
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Historia de un fraude
La firma italiana Sace aseguró la operación bancaria y le reclama US$ 95 millones al Paraguay desde agosto de 2015. Todo se originó porque Gramont falsificó documentos oficiales y obtuvo dos empréstitos del banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) para instalar supuestamente en Paraguay dos plantas industriales, que nunca se concretaron.
Antes de desaparecer del sistema financiero, el Overland le vendió los títulos de la deuda a un sindicato de diez bancos internacionales que tras la caída de Stroessner (febrero de 1989) le reclamaron al Paraguay el pago de la primera cuota. Desde ese entonces, los sucesivos gobiernos paraguayos se negaron a pagar porque consideraron que la deuda es fraudulenta.
Tras la caída de la dictadura, Gramont fue condenado en nuestro país y luego extraditado a Suiza, en tanto que sus cómplices –altos ejecutivos de la Sace– fueron condenados por la Justicia italiana por delitos financieros. Gramont confesó ante la justicia de Suiza que cobró por la gestión de los préstamos una “coima” de US$ 4 millones y que falsificó burdamente documentos oficiales de nuestro país.