La otra propuesta presentó la bancada del Frente Guasu por no estar de acuerdo con el enfoque que le quiere dar el Ejecutivo.
Proyecto consensuado
El proyecto de ley consensuado por colorados, liberales, Partido Democrático Progresista (PDP), Avanza País y Encuentro Nacional establece como reglas tres elementos centrales para los tres poderes del Estado: 1. El déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor al 1,5% del producto interno bruto (PIB) estimado para dicho año fiscal.
2. El incremento anual del gasto corriente primario del sector público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual más el 4%. El gasto corriente primario se define como gasto corriente total excluido el pago de intereses.
3. No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el Presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, según el artículo 7.
Propuesta del FG
El FG no se adhirió al proyecto de ley de las demás bancadas básicamente porque desea destinar porcentajes del Presupuesto para gastos sociales y la creación de más impuestos.
Esta bancada deja abierta la posibilidad de que el Congreso permita aumentar los salarios y beneficios de los funcionarios públicos y aumentan el tope de déficit al 3%.
No pudimos llegar a acuerdo pleno con los otros sectores, por lo que se plantearán dos proyectos distintos que se van a estudiar, y saldrá uno solo, indicó Carlos Filizzola, líder de bancada del FG.
Agregó que intentarán mediar a favor de su proyecto en las comisiones del Senado: Hacienda, presidida por el colorado Monges; Constitucionales, por el liberal Julio César Franco y Economía, por Miguel Ángel López Perito, de Avanza País.
Según Filizzola, el proyecto del FG, a diferencia de la propuesta de las cinco bancadas, es la eliminación del artículo que busca frenar el aumento sin control de los salarios y beneficios de los funcionarios públicos. “Creemos que esto es inconstitucional”, añadió.