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El contralor general de la República, Camilo Benítez, recordó que existen dos normativas que regulan este asunto particular.
“Una es la ley de declaraciones juradas, que establece que solamente la Contraloría puede entregar esa documentación con una orden judicial o fiscal. Todos los que estuvieron antes que yo en este cargo han sostenido que no pueden dar esa información. Existe otra ley posterior que es la de Acceso a la información pública que a mi criterio ordena entregar la información”, indicó en conversación con Radio ABC Cardinal 730 AM.
A pesar de que reconoce la imposición establecida por la ley de Acceso, Benítez aseguró que la colisión entre ambos cuerpos legales lo obligan a esperar una definición de la Corte Suprema de Justicia.
“Sé que puede ser una medida superpopular que yo decida personalmente entregar esa información, pero puede tener consecuencias legales porque existe una ley que prohibe entregar esa información”, agregó.
En ese contexto, sostuvo que si hay una duda sobre cuál es la ley aplicable y siendo la Corte la única que puede interpretar la constitucionalidad de las leyes, es mejor esperar a que eso se defina en esa instancia. “Ruego que esa acción se resuelva, de verdad, cualquiera sea la decisión sería un cambio de paradigma”, puntualizó.
Nunca se hizo, dice
El contralor también hizo referencia a los exámenes de correspondencia que actualmente realiza el ente. “Existía un pedido de que se realice un examen de correspondencia del Senado el año pasado y eso valió un informe de los técnicos del área, porque el pedido no es menor, es de todas las autoridades nacionales. La dirección que estaba a cargo presentó un informe y decía que era de cumplimiento imposible porque se pedía un plazo de 15 días”, recordó.
En ese marco, recalcó que podría ser de cumplimiento imposible hacer todo de una vez, lo cual no significa que no pueda cumplirse por parte. “Es decir, hacer primero el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, luego el Poder Judicial y luego las entidades descentralizadas que es lo que se resolvió ahora”, indicó.
Benítez resaltó que nunca antes la Contraloría había decidido abrir motu proprio análisis de correspondencia a todas las autoridades y que lo habitual siempre fue que se esperara algún pedido judicial para revisar la situación patrimonial de algún funcionario en particular. El pedido del Congreso había sido remitido en noviembre pasado, pero Enrique García cajoneó durante meses. La revisión iniciará con el mismo Benítez.
Dijo que la dirección encargada de dicho trabajo contaba con seis funcionarios y ahora quieren elevar esta cifra a 30. “Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder cumplir con este pedido. Esto nunca se hizo, es para mí la decisión más ambiciosa que se ha tomado en esta entidad fiscalizadora”, concluyó al respecto.