Los sectores mencionados en un comunicado repudian la acción del presidente de la República, Horacio Cartes, quien dijo que dejará que la ley de aceptación de la donación de tierras de Marina Cue tenga promulgación automática. Califican de “donación espuria” las tierras de parte de la empresa Campos Morombí SA.
Denuncian al Poder Legislativo y Ejecutivo por arrogarse funciones del Poder Judicial, “al pretender crear mediante trámites administrativos ilegales títulos de propiedad inexistente” a favor de Campos Morombí SA, “atropellando abiertamente” facultades de otro poder del Estado. Recalcan que solo el Poder Judicial puede reconocer e inscribir un título de propiedad.
Alertan a la opinión pública que la mencionada acción “configura una condena política anticipada a los procesados del caso Curuguaty, revictimiza a los afectados de la masacre; y lejos de darle un “cierre al caso”, según expresiones de Cartes, abre una profunda herida, despierta una indignación social y vicia gravemente el proceso penal con la presión abierta ejercida por dos poderes del Estado sobre los jueces del caso”, expresa parte del comunicado que lleva la firma de varias personas, entre ellas los abogados Marcos Shirakawa, Víctor Azuaga Almada, Pablo Darío Aguayo Domínguez, y de representantes de sindicatos, entidades sociales, víctimas y familiares de la masacre ocurrida el 15 de junio del 2012. En esa ocasión perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías, hecho que derivó en la posterior destitución por mal desempeño del presidente de la República Fernando Lugo.
En el comunicado también denuncian la presión ejercida por los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre los jueces del caso Curuguaty. Señalan que esa presión se tradujo en “terribles sanciones arbitrarias y temerarias con la aplicación de una pena de multa de siete millones de guaraníes a uno de los abogados (Amelio Sifco), constituyéndose en grave amenaza a todos los abogados defensores y al ejercicio de los derechos inviolables de la defensa en juicio”. Piden finalmente a la ciudadanía movilizarse ante el “indignante quiebre del Estado de derecho”.