Sebastián Acha (PQ), presidente de la Comisión de Legislación, pidió el aplazamiento en particular alegando que la norma es sumamente delicada y que se debe hacer un minucioso estudio porque regulará todo el manejo administrativo del Estado.
El texto de noventa artículos aprobado en general dispone, entre otras cosas, que “el procedimiento, así como toda actuación administrativa, se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los actos de los órganos de la Administración y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial”. Es decir que todo documento oficial es público, a no ser que exista una ley especial previa que lo catalogue como restringido.
Define como acto administrativo “toda declaración unilateral efectuada por un órgano de la Administración Pública en ejercicio de funciones administrativas, que produce efectos jurídicos de alcance general o particular”.
La norma alcanza a todas las instituciones del Estado, a los entes descentralizados, a las entidades financieras y a las municipalidades. Tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de los actos administrativos; regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos administrativos y el procedimiento sancionador y posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas por medios electrónicos”. Será aplicado un año después de la vigencia de la ley.
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El diputado Ocampos se mostró conforme con la aprobación en general y destacó la importancia de la norma. Explicó que mediante esta ley se tendrán claros todos los procesos administrativos en el Estado y no se estará a la decisión dispersa de cada entidad o de algún funcionario en particular.