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Acosada por las críticas ciudadanas, la Cámara de Diputados resolvió ayer por mayoría anular la aprobación y devolver a comisiones las cuestionadas modificaciones introducidas a la Ley 4743/12, que regula el Financiamiento Político. Por ejemplo: intentaron dar luz verde al narcodinero en campañas políticas y prohibieron que tanto la Contraloría como la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) puedan controlar el origen de los fondos.
El punto más polémico aprobado el martes pasado en sesión extra fue el aumento del tope de “donativos” que puede hacer cada persona a un candidato en campaña. Aumentaron 1.000% de G. 392 millones a G. 3.925 millones, unos 700.000 dólares al cambio actual.
El diputado Amado Florentín (PLRA, efrainista), respaldado por Éber Ovelar (ANR, disidente) solicitó reconsiderar la votación del día anterior en lo referente al aumento al límite de los “aportes” privados.
Óscar Tuma y Bernardo “Lalo” Villalba (ANR, cartista) acusaron a Florentín de dejarse manipular por las críticas periodísticas.
Tuma planteó entonces introducir una adenda que regule la cantidad de publicidades electorales en medios de prensa, tema que se tratará en la próxima sesión ordinaria prevista para el miércoles 12 de julio, a partir de las 14:00. Villalba agregó que de esta manera “los candidatos apadrinados por los medios” deberán pagar lo mismo que los aspirantes cuestionados.
Los cartistas pidieron entonces un cuarto intermedio para redactar una suerte de “Ley de Medios” en materia electoral, en menos de 10 minutos, en represalia a las críticas que recibieron ayer a la mañana.
Finalmente Clemente Barrios, líder de la bancada cartista, bajó la línea y propuso postergar todo el proyecto durante ocho días, anulando la aprobación en general. La propuesta fue llevada a votación y hubo 38 votos a favor del aplazamiento y 25 en contra.
La Ley vigente de Financiamiento Político controla el gasto de los partidos exclusivamente en las elecciones generales. La disposición vigente encarga la tarea a la Justicia Electoral con apoyo de la Contraloría.