El Congreso decidió ayer iniciar el proceso de juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo, a raíz de la masacre ocurrida el pasado 15 de junio en Curuguaty. Se lo acusa formalmente de mal desempeño de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 225 de la Constitución.
Los diputados dejaron ayer de lado la sesión extraordinaria para interpelar a la ministra de Salud, Esperanza Martínez, e inmediatamente pasaron a la sesión ordinaria en la que el diputado colorado Magdaleno Silva planteó tratar sobre tablas el pedido de juicio.
Momentos antes del inicio de la sesión, los diputados colorados, liberales y de Patria Querida mantuvieron una ronda de consultas mediante la cual acordaron tratar y aprobar el pedido.
De los 77 diputados presentes, 76 legisladores de los distintos partidos votaron a favor. Solo la diputada Aída Robles, del oficialista Partido de Participación Ciudadana, se opuso al inicio del proceso (ver cuadro al lado).
En sus exposiciones, los legisladores dejaron en claro que el proceso se haría respetando estrictamente la Constitución y las leyes. Además, sostuvieron que el primer mandatario era el principal impulsor de la violencia en el país.
El diputado liberal Salyn Buzarquis y el colorado Justo Zacarías pidieron al presidente de la República que por el bien del país renuncie al cargo y evite más daño a la Nación.
Aprobado el pedido de juicio, la Cámara se declaró en cuarto intermedio para permitir que el propio presidente de la Cámara, Víctor Bogado (ANR), acompañado por los diputados colorados Carlos Liseras y Óscar Tuma, el liberal Jorge Ávalos y el oviedista José López Chávez, designados fiscales acusadores, fueran a presentar la acusación ante el presidente de la Cámara de Senadores.
El diputado Sebastián Acha, quien también fue designado fiscal acusador, declinó participar en el proceso.
En la tarde de ayer, la Cámara de Senadores inició el proceso y escuchó la acusación. El trámite seguirá esta mañana y concluirá en la tarde. Si el Senado encuentra culpable al presidente de la República, deberá apartarlo del cargo. Para eso necesita 30 votos. Si no tiene esa cantidad, el Presidente seguirá en sus funciones.