La Comisión Permanente, a instancia de la senadora Desirée Masi, había pedido al presidente Horacio Cartes “informe final de las auditorías realizadas por la Procuraduría General de la República y la empresa privada BDO Auditores y Consultores, a todos los organismos y entidades del Estado (OEE)”.
A esto el Ejecutivo respondió que la Procuraduría General de la República no es el organismo responsable del control de los organismos y entidades del Estado, “por lo cual presumimos que se ha deslizado un error material” en la solicitud.
Agrega que no existe ninguna empresa ni firma privada encargada de realizar auditorías en organismos y entidades del Estado, salvo aquellas que ya lo vienen haciendo desde años anteriores.
Señala que las irregularidades detectadas no son el resultado de una auditoría propiamente, sino de “revisiones especiales practicadas en ocasión del corte administrativo”.
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“No hubo ninguna auditoría... lo que hubo son cortes administrativos en todos los organismos y entidades de la administración central, entes autárquicos y empresas del Estado”, señala.
Las revisiones realizadas habían revelado irregularidades por una suma superior a los tres billones de guaraníes. En total, fueron revisados 84 entes, y el más cuestionado fue el Ministerio de Agricultura, que estuvo a cargo del senador Enzo Cardozo, hoy investigado por la Justicia.
El otro escandaloso caso fue el del Ministerio de Salud, que estuvo a cargo de la senadora Esperanza Martínez. En el corte administrativo se encontraron irregularidades superiores a G. 1 billón 168.000 millones.
Mientras, del Ministerio del Interior saltó la sobrefacturación en la compra de helicópteros y la desaparición de un equipo de escuchas telefónicas.