Fiscal alegó “buena fe” de empresario para desvincularlo de lingotes de oro

El empresario mexicano José Salazar Tinajero, quien compró los 485 kilos de supuesto oro a ser llevados de nuestro país a Hong Kong, actuó de buena fe. Esto alegó el fiscal Aldo Cantero para pedir el sugestivo sobreseimiento definitivo del extranjero.

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Si bien existen documentos firmados por Salazar con Audelio Toledo (vendedor del oro), el extranjero actuó de buena fe, según argumentó el fiscal Cantero para pedir el sobreseimiento definitivo del extranjero, que había sido imputado por contrabando y reducción.

El agente del Ministerio Público presentó su pedido el 12 de diciembre de 2016, ante el juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú. 

Otro punto llamativo en el caso es que Cantero pidió la abreviación del plazo para desvincular a Salazar. Es decir, que no esperó que se cumplan los seis meses de investigación que había solicitado a la justicia.

La fiscalía fue comunicada de la tentativa de contrabando de oro en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el 10 agosto de 2016. La audiencia para Salazar se realizó 3 de febrero de 2017 y de la diligencia participó la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni, quien dejó constancia en el acta de que recién le pasaron el caso el 4 de enero, tras la inhibición de su colega Cantero. Sin embargo, se ratificó en el pedido de sobreseimiento definitivo del empresario mexicano, que fue concedido por el juez José Delmás, quien interinaba al magistrado Otazú.

Argumento 

“A la luz de lo afirmado, considerando las 1070 páginas con que cuenta la carpeta de investigación fiscal, la cual fue analizada página por página y aplicado al caso que nos ocupa, se observa claramente que el imputado José Salazar Tinajero no participó del supuesto contrabando de metal denominado oro. Si bien existen documentos firmados por el señor Salazar, de buena fe, con el señor Audelio Toledo, el primero le exige a segundo ciertos documentos a fin de exportar oro, no así broncelina, negocio que nunca pudo finalizar”, argumentó Cantero para pedir la desvinculación del caso de Salazar.

Acusación de belga 

Marc Adré Didier, empresario belga y dueño del avión que iba a transportar el cargamento de oro hasta Hong Kong, en declaraciones a ABC Cardinal dejó entrever que Salazar habría dado algo a cambio de su desvinculación del proceso penal.

Didier declaró que no se puede entender que siendo Salazar el dueño de los lingotes y habiendo firmado documentos, que fueron agregados a la carpeta fiscal, se lo pudo sobreseer e incluso se abrevió el plazo.

El belga dijo que a él lo procesaron y lo enviaron preso, siendo solo el dueño del avión en donde ni siquiera se llegó a cargar la mercadería, para quitarle plata y luego su aeronave.

Didier apuntó al entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento, el político colorado, Óscar González Daher.

Contó que cuando estuvo preso lo visitó la abogada Miriam Areco, quien se presentó a nombre de González Daher y le dijo que lo ayudaría a solucionar su caso.

Además de José Salazar y Audelio Toledo, fueron imputados por la fiscalía por contrabando de oro varios otros presuntos implicados.

En la lista aparecen Ricardo Castro, despachante; Gregorio González, de la empresa Cristal Esteño, cuya factura se usó para la venta de los lingotes; Marc Didier, dueño del avión alquilado y Juan Carlos Jaramillo.

La carga, según los antecedentes, se llevó al aeropuerto Silvio Pettirossi el 4 de agosto de 2016 y fue retenida como una mercadería “sospechosa”.

El 5 de agosto funcionarios de Aduanas y de Dinac verificaron los lingotes, según acta de procedimiento.

DEMANDA Y ACUSACIONES

El fiscal Aldo Cantero, el exfiscal y candidato a diputado Emilio Fúster, el subcomisario Diosnel Alarcón, quien participó del operativo en el aeropuerto, y el Estado paraguayo fueron demandados por el belga Marc André Didier por US$ 6.280.000.

El empresario extranjero, que es administrador de la empresa Best Aircraft Deals LLC de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, estuvo preso 73 días en nuestro país, vinculado a la causa, y fue sobreseído definitivamente a pedido de la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni.

En declaraciones a ABC Cardinal, Didier dijo que José Salazar le había manifestado que el comisario Alarcón le pidió US$ 3000 para liberarlo.

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