Las fiscalas de Delitos Económicos Nadine Portillo y Yolanda Portillo indicaron que la profesional fue contratada en agosto de 2011 con un salario de G. 6 millones, pero recién hizo “trabajos” en el 2013, por lo que los montos percibidos hasta ese momento fueron indebidos.

A su vez, las agentes refieren que la escribana contaba con la “incompatibilidad legal para ejercer cargo público”, por lo que su contratación por parte de la Justicia Electoral también resultó irregular.