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Para “los oscuros objetivos” de esa campaña se está utilizando a “simples delincuentes rurales, autodenominados –falsamente– campesinos en su lucha por la tierra”, enfatizan los gremios en su pronunciamiento.
Asimismo, rechazan “la injerencia de grupos políticos e ideológicos radicalizados, así como de algunos parlamentarios que se protegen en sus fueros para defender, instigar y promover este tipo de acciones criminales, desestabilizadoras de la paz social en el Paraguay”.
“Ratificamos que ningún derecho puede ser reclamado con violencia y mucho menos a través de acciones terroristas contra los bienes y las personas que desarrollan un trabajo lícito y honesto”, agregan. Las entidades ganaderas firmantes del comunicado son asociaciones de productores de diversas razas de bovinos y de equinos.
Los gremios exigen, que “con la misma energía de quienes provocan el terror, la inmediata actuación de las fuerzas del orden público y de los órganos de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) para la individualización de los autores, cómplices y encubridores, y su posterior sometimiento a los mandatos de la ley penal por los hechos criminales cometidos, hasta el momento, con total impunidad”.
También lamentan los últimos hechos violentos, como la muerte de tres trabajadores rurales ocurrida en una estancia en San Pedro, y expresan su solidaridad con las familias enlutadas “por los actos de violencia sin razón”.
Los ganaderos manifiestan su “más sincero respeto y reconocimiento al verdadero campesino paraguayo, sacrificado y honesto, que lleva con dignidad el trabajo y su esfuerzo diario en la búsqueda del bienestar familiar, con la esperanza de un Paraguay en paz para sus hijos”. Finalmente, reivindican la protección ambiental de la superficie de bosque natural con carácter de reserva ecológica declarada por la firma propietaria Pindó SA. El bosque tiene unas 4.000 hectáreas y la extracción de su madera es el objetivo de los invasores, según los administradores de la hacienda.