Hay vigilancia estatal de las comunicaciones privadas, afirma ONG

La Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC), ONG de capacidad restringida creada en 2012 en Asunción, envió un informe ayer a ABC Color, denominado “Vigilancia estatal de las comunicaciones y derechos fundamentales en Paraguay”, en el que menciona que existen “actividades de algunas instituciones de seguridad que revelan que el Estado paraguayo vulnera la privacidad de la ciudadanía sin las garantías adecuadas y de forma ilegal”.

Lo citado surge de una investigación realizada en conjunto por TEDIC con la Electronic Frontier Foundation de EE.UU., refiere el informe. Señala que este es un trabajo de los abogados Jorge Rolón Luna y Maricarmen Sequera, y que describe el marco jurídico sobre protección de la privacidad de las personas frente a la vigilancia estatal de las comunicaciones y cómo el Estado no cumple con los estándares internacionales y lo que se establece en la Constitución Nacional.

Agrega que entre varios problemas, uno de los principales que cita el informe “es la carencia total de legislación que proteja los datos personales de la ciudadanía, lo que se considera una omisión grave en el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Además, dice, los estándares locales para la intervención de las comunicaciones privadas no cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad ni con las garantías judiciales exigidas por la normativa internacional. Esa situación de vulnerabilidad, agrega, se agrava ante una amplia concesión de ambiguas potestades a organismos como el Servicio Nacional de Inteligencia (SINAI), bajo el argumento de la “seguridad nacional”.

Además, la investigación resalta la gravedad que supone la adquisición de alta tecnología para la interceptación de las comunicaciones por parte del Estado paraguayo. Específicamente, se refiere a los siguientes sistemas de vigilancia, menciona: a) Software FinFisher: Adquirido por el Gobierno en el año 2012 y revelado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. b) Software Galileo - Remote Control System (RCS): Los cables de Wikileaks filtraron las comunicaciones de intención de compra entre la empresa HackingTeam y el Ministerio Público de dicho software. c) En el 2012, el Gobierno de Federico Franco adquirió también un equipo de escuchas telefónicas por valor de US$ 2,5 millones, que misteriosamente desapareció de las oficinas del Ministerio del Interior.

Dice que se vuelve relevante la necesidad de proteger las comunicaciones privadas de las personas.

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