El artículo 26 de la Carta Magna garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, del pensamiento y la opinión, sin censura alguna. Dicha norma agrega que por ende el Congreso “no dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja”.
Pese a estas garantías, el denominado proyecto de ley “Que regula la realización y divulgación de encuestas electorales, para cargos de elección popular”, fue presentado el jueves ultimo por los senadores del PLRA Fernando Silva Facetti, Zulma Gómez y Enzo Cardozo (acusado), todos miembros del bloque liderado por Blas Llano y muy ligados al cartismo.
Además de establecer numerosos “requisitos” y “regulaciones” a las empresas encuestadoras, el proyecto prohíbe la difusión de cualquier encuesta 15 días antes de las elecciones ya sean en medios locales o “internacionales”, es decir, la ley pretende legislar “fuera” del país. El texto también prohíbe sin excepción a todas las encuestas vía telefónica o internet, como los sondeos de participación pública que realizan diarios digitales o programas periodísticos de TV en sus redes sociales.
Con multas ganan los partidos
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La propuesta plantea que la Justicia Electoral sea el órgano de aplicación y establece multas de entre 10 a 200 salarios mínimos vigentes, es decir, entre G. 20 millones a G. 408 millones.
Esto se aplicará “según la gravedad de la falta, impuesta tanto al medio de comunicación como a quien encomendó o financió la realización de la encuesta”, reza el proyecto legislativo.
Sin embargo, lo más llamativo es que el proyecto plantea que las multas sean destinadas a los partidos políticos reconocidos, bajo la figura de aporte estatal.
Con esta presentación el llanismo imita a la bancada del Frente Guasu, que recientemente reflotó su proyecto de regular encuestas con multas de hasta G. 785 millones, tanto a las encuestadoras como a los medios de comunicación que difundan datos sin cumplir los “requisitos”.
Ambas reacciones surgen después de que la Alianza Ganar y su candidato presidencial Efraín Alegre (PLRA), presentaran una denuncia penal contra tres directivos de empresas encuestadoras. Estas firmas anunciaron que el candidato colorado Mario Abdo Benítez iba a derrotar a la alianza por más de 20 puntos, pero fue apenas por 3.