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Pedro Valiente Lara es responsable de la compra de tierra que no existe

Este artículo tiene 13 años de antigüedad
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Pedro Valiente Lara ocupó el cargo de procurador general de la República durante la administración de Federico Franco. El 20 de febrero de 2013 firmó, en nombre del Estado paraguayo, un leonino contrato con la familia Arza Huerta: se debe pagar 10 millones de dólares por un predio que no existe.

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Pedro Valiente Lara fue procurador general de la República siendo presidente de la República el Dr. Federico Franco.

Pedro Valiente Lara llegó a la Procuraduría General de la mano del senador Miguel Abdón Saguier.

El parlamentario, por su parte, tiene un estrecho e íntimo relacionamiento con la familia Arza Huerta.

El 20 de febrero de 2013, Pedro Valiente Lara firmó un acuerdo conciliatorio en representación del Estado paraguayo con los hermanos Mauri y María Carmen Arza Huerta.

En el documento no existe constancia de que Valiente Lara haya presentado el poder especial que otorga el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, para firmar dicho acuerdo.

La obligación de contar con un poder especial se encuentra claramente establecida en el artículo 884 del Código Civil.

Este requisito no se cumplió.

Acuerdo leonino

El documento tiene como título el siguiente texto: “Acuerdo conciliatorio entre el Estado paraguayo y los señores Mauri Arza Huerta y María Carmen Irene Arza Huerta, que establece la compraventa de la finca Nro. 41.470 del distrito de Luque por parte del Estado paraguayo” (negritas son nuestras).

Sin licitación previa, sin intervención de la Contraloría General y careciendo de un poder especial otorgado por Decreto del Poder Ejecutivo, Pedro Valiente Lara obliga al Estado paraguayo a pagar 10 millones de dólares.

Para colmo de males, las tierras ni siquiera existen. Nunca pudieron ser ubicadas dentro de la Fuerza Aérea Paraguaya, ni siquiera el topógrafo contratado por los Mauri Arza pudo localizarlas.

Según la cláusula primera del acuerdo conciliatorio, se estableció el monto de 45.000 millones de guaraníes, “monto único y total a ser pagado por el Estado paraguayo en un único pago, sea este pago total o parcialmente en efectivo y/o en bonos bursátiles del Estado”.

¿Cómo llegaron a dicha tasación? En el mismo documento se encuentra la respuesta: “Precio por metro cuadrado del inmueble, G. 101.651; total de metros cuadrados, 77.238; interés moratorio, 2.5 por ciento mensual; cantidad de meses, 139; daño moral, 30 por ciento del valor del inmueble, más intereses”.

Orden judicial de pago

El 12 de junio de 2013, el juez Miguel A. Rodas ordenó al Ministerio de Defensa Nacional dar cumplimiento al acuerdo conciliatorio e iniciar el pago de la primera cuota, equivalente a cuatro millones de dólares.

Previamente, el magistrado Miguel A. Rodas libró oficio al Ministerio de Hacienda intimando a dicha secretaría de Estado a cumplir el acuerdo entre la Procuraduría General y los Arza Huerta.

Con anterioridad a Miguel A. Rodas, intervino en el proceso judicial el juez Silvino Delvalle.

10 millones de dólares es mucho dinero. No hay que olvidar que el senador Alfredo Jaeggli fue uno de los que atropellaron la Fuerza Aérea, en mayo de 2011; se tiene a los jueces Delvalle y Rodas, al exprocurador Pedro Valiente Lara y al senador Miguel Abdón Saguier como supuestos respaldos de Valiente Lara.

¿Será que de puro altruistas apoyan el reclamo de la familia Arza Huerta?

El reclamo de los Arza

Los hermanos Mauri y María Carmen Arza Huerta iniciaron en el 2000 un juicio contra la Fuerza Aérea, pidiendo reivindicación y restitución de la finca Nº 11 padrón 3997 del distrito de Luque, sobre una superficie cercana a las ocho hectáreas.

Según los Arza Huerta, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner sus padres fueron despojados de su propiedad e inclusive desalojados por los militares.

A través de un juicio sucesorio asumieron los derechos de herencia e iniciaron un juicio en procura de recuperar bienes que consideran legítimos.

Testimonios de lugareños que fueron vecinos de los Arza Huerta dicen que nunca se produjo un desalojo en el sitio donde actualmente funciona la Fuerza Aérea; es más, confirmaron que todos recibieron indemnización y lotes para levantar sus nuevas viviendas.

La acción judicial adquirió fuerza a partir de una sentencia del juez Silvino Delvalle, quien admitió la demanda e inclusive cambió el número original de finca reclamada por otra que pudiera coincidir con el reclamo de los Arza, pero ni siquiera esta nueva finca se localiza dentro del predio de la Fuerza Aérea.

roque@abc.com.py

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