Los manifestantes exigen que la Procuraduría General de la República inicie gestiones para recuperar los bienes malhabidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Señalaron que los datos específicos están plenamente expuestos en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia que fue entregado a los tres poderes del Estado.

Presentaron una nota en la Procuraduría, ya que el procurador, Pedro Valiente Lara, no se encontraba en su despacho ayer por la mañana. En la misma señalan que una demostración de voluntad política de la Procuraduría para recuperar los bienes obtenidos en forma fraudulenta durante la dictadura stronista “será urgir la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la demanda promovida por la Procuraduría General respecto a la titularidad de las tierras de Marina Cue, para poder inscribir las mismas a nombre del Estado paraguayo”.

Indicaron que la Corte Suprema de Justicia no puede desconocer el decreto de aceptación del Estado paraguayo de la donación de esas tierras de parte de Lipsa (La Industrial Paraguaya SA).

Hoy hace un año que en ese lugar se produjo la masacre de Curuguaty, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías en un intento de desalojo de esas tierras de grupos de campesinos sin tierra que estaban invadiendo el predio.

“Codelucha” reclama que la actitud negligente del Estado, por no haber inscripto el inmueble en 38 años, permitió que Campos Morombí, de la familia Riquelme, inicie en el año 2005 un juicio por usucapión litigando por un número de finca que correspondía a otro inmueble y no a las tierras de Marina Cue. “Campos Morombí venía invadiendo paulatinamente desde 1999 esas tierras”, según esta organización.

La finca figura en los registros públicos a nombre de Lipsa. Los manifestantes consideran que es hora de que el Estado paraguayo recupere las tierras que le pertenecen y que las mismas sean destinadas a la reforma agraria.