Piden antecedentes de caso TSJE por denuncia contra chicaneros

Rafael Monzón, superintendente general de Justicia de la Corte, pidió informes sobre la causa de planilleros de la Justicia Electoral en que están denunciados por chicaneros tres abogados que recusaron a fiscales de forma masiva.

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El 13 de noviembre de 2015 el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, denunció ante la Superintendencia de la Corte a cuatro abogados que presentaron recusaciones contra 34 agentes fiscales en dos investigaciones: la de planilleros en Justicia Electoral y la megaevasión en la Subsecretaría de Tributación.

En el caso del TSJE el superintendente de Justicia solicitó al Ministerio Público que se informe el estado procesal de la causa penal N° 100/2015 “Clara Haydée Silveira Arza y otros s/ cobro indebido de honorarios”, en que está procesado el ministro de la Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini.

Los abogados que intervinieron en el TSJE y luego fueron denunciados por el fiscal general son José Domingo Almada, Osvaldo Bittar (del mismo estudio jurídico) y Fátima Jacqueline Méndez Báez.

Monzón pidió que el Ministerio Público “informe sobre el estado procesal” de la causa de planilleros, en el marco de la “Investigación preliminar a los abogados Osvaldo Adib Bittar, José Domingo Almada y Fátima Jacqueline Méndez Báez”.

Díaz Verón había pedido a la Corte Suprema que sean investigados por ejercicio abusivo del derecho y litigantes de mala fe.

Además, el fiscal general solicitó sanciones contra los profesionales que abusivamente y con ánimo de dilatar investigaciones recusan en masa a agentes fiscales, tanto de Delitos Económicos como a los de las unidades penales ordinarias.

Los tres abogados denunciados habían presentado recusación contra 14 fiscales, tanto de Delitos Económicos como de la Unidad Penal Ordinaria, hasta que la causa cayó con las fiscalas Claudia Morys y Sussy Riquelme, quienes presentaron finalmente la primera imputación penal.

Luego de que sean rechazadas las recusaciones en la Sala Penal de la Corte, la causa quedó a cargo de Nadine Portillo y Yolanda Portillo, de Delitos Económicos y Anticorrupción.

En la misma denuncia Díaz Verón incluyó al abogado Mario Daniel Britos, quien intervenía en un caso de megaevasión junto con Almada, y ambos habían impugnado ante la Sala Penal de la Corte la confirmación de 20 fiscales por la Fiscalía General.

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