El proyecto de ley “que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones referentes a remuneraciones y otras retribuciones asignadas a los funcionarios públicos”, se presenta hoy en la Cámara de Diputados.
La normativa regirá para todos los organismos del Estado, gobernaciones, municipalidades, universidades nacionales, empresas con participación accionaria del Estado, entidades binacionales y organismos no gubernamentales que reciben transferencias del Estado.
Las autoridades u ordenadores de gastos que incumplen con la normativa, serán sometidos a sumario administrativo y castigados con multa de hasta 300 jornales mínimos; suspensión, inhabilitación para ocupar cargos públicos y de ser electos en comicios, por espacio de cinco años.
La institución responsable del control permanente del cumplimiento de la disposición será la Secretaría de la Función Pública.
El proyectista, diputado Ramón Romero Roa (ANR), en su exposición de motivos señala que el proyecto de ley se halla amparado en lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la Constitución. Agrega que busca fomentar la transparencia y salvaguardar el derecho a procesar o difundir información de fuente pública.
Acota que el proyecto refuerza el sentido moral de la libertad y su carácter inexcusable en el ejercicio de los derechos.
“Debemos considerar que el ciudadano no tolera el secreto en la gestión administrativa de los agentes públicos, sino que, por el contrario, exige su publicidad. Por esta razón, varios países en la actualidad han decidido que la reserva es errónea, debe ser anulada y todos los documentos oficiales deben ser accesibles al público”, agrega.
El legislador señaló que la propuesta ya se socializó con colegas de su bancada y los de otros partidos. Asegura que tendrá el apoyo de al menos 40 diputados.