En el 2017, estos 70 funcionarios contratados aprobaron los exámenes de admisión, pero no pudieron ser contratados por falta de presupuesto, según señalaron fuentes oficiales.
Aun cuando todos aprobaron los exámenes para ser contratados en el marco del proceso desprecarización como le llama el Gobierno nacional, hasta ahora no pueden encontrar una solución.
De acuerdo con la normativa establecida por el Poder Ejecutivo, todos los funcionarios contratados que tengan cuatro años o más de relación laboral ininterrumpida con el Estado tienen derecho a un examen, que de ser aprobado les habilita a ingresar al cuadro de empleados permanentes.
El lote de setenta trabajadores de la Cancillería aprobaron los exámenes, pero por cuestiones administrativas fueron dejados de lado, y se les obligó a volver a rendir.
El pasado lunes, los funcionarios fueron de vuelta convocados para los exámenes, y nuevamente aprobaron. Ahora esperan que la Secretaría de la Función Pública emita la resolución que valide los resultados para dar vía libre a que pasen al cuadro de funcionarios permanentes. Sin esa resolución, no se puede continuar el proceso administrativo.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores están a la espera de la resolución para preparar el decreto y remitir al Poder Ejecutivo para su firma. Si la resolución de la Función Pública se sigue demorando, los funcionarios podrían perder sus derechos con la asunción del próximo gobierno, atendiendo que el proceso se realizó bajo esta administración.
En la Secretaría de la Función Pública sostienen que el caso está siguiendo su proceso normal.
La inclusión al cuadro de funcionarios permanentes fue acordada por el equipo económico hace tres meses.