El proyecto de ley sancionado por el Congreso y vetado totalmente por el Ejecutivo pretendía obligar a los profesionales a formar parte de una colegiación para poder ejercer la profesión. Ante esta iniciativa que surgió del Senado en el periodo anterior (2008-2013), el actual Gobierno objetó totalmente porque sostiene que contradice el artículo 42 de la Constitución nacional, que establece que “nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación”.
El Ejecutivo también cuestiona que esta ley viola los derechos procesales, al establecer que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Colegio solamente puedan ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia.
“Fábrica de títulos”
El titular de la Comisión de Legislación, senador Enrique Bacchetta (ANR), dijo estar a favor de la colegiación profesional y en contra de la decisión del Ejecutivo. Indicó que es necesaria esta ley porque actualmente hay muchas universidades de garage que “fabrican títulos” y lanzan al mercado a “profesionales mediocres”.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Julio C. Franco (PLRA), apoyó también la Colegiación porque buscará mejorar el control y la profesionalización.
El Senado necesitaba 23 votos como mínimo de un total de 45 legisladores para ratificarse en su posición inicial de aprobación. Pero no logró los votos necesarios. Le faltó apenas uno. La senadora del PDP, Desirée Masi, intentó votar para sumar los 23, pero llegó tarde.
Curiosamente, la bancada “B” del Senado (disidente) apoyó la postura del Ejecutivo mientras que la bancada “A” colorada, que es oficialista, se mostró en contra del Ejecutivo y a favor de la colegiación. No alcanzaron los votos de los senadores presentes del PLRA, Frente Guasu y Avanza País. El proyecto fue presentado por los entonces senadores Miguel A. Carrizosa (PQ) y Roger Caballero (Unace).