La Secretaría de la Función Pública sigue esquivando investigar los casos de nepotismo que salpican al presidente Fernando Lugo. Dijo que el pedido de informe de la Cámara de Diputados es de cumplimiento imposible.
La ministra de la Función Pública Lilian Soto rechazó ayer durante una conferencia de prensa que el presidente Fernando Lugo haya incurrido en nepotismo con la contratación de más de 10 parientes en la administración pública, sin concurso de méritos.
Según la funcionaria, de los 96 pedidos de informe realizados a diversas instituciones, un total de 40 revelan que no hay caso de nepotismo.
Sin embargo, uno de los informes enviado por la Itaipú muestra la contratación directa del sobrino del presidente, Juan Guillermo Lugo Martínez, con un salario de 7.175.000 guaraníes en 2008. El mencionado funcionario es hijo de Guillermo Lugo Méndez (+). Su contratación se hizo a pedido del Presidente, aseguró una fuente. El encargado de conseguir el contrato fue el secretario privado del jefe de Estado, Miguel Rojas.
El informe de marras no llegó a Diputados, institución que pidió un informe sobre los Lugo en el gobierno.
La que sí se envió fue una nota en la que el director de la entidad, Gustavo Codas, asegura que no posee "información documentada sobre los familiares de los empleados de la Itaipú".
Soto señaló que el pedido de informe de la Cámara de Diputados es de "cumplimiento imposible". Si la pregunta dice cuántos familiares del Presidente en consanguinidad se encuentran en la función pública, eso significa que hay que preguntar a todo el funcionariado público. "Cuál es la posibilidad que una institución pueda saber", manifestó.
La ministra insistió en que "el grado de parentesco de Lugo con los contratados solo se podrá saber si está declarado en cada una de las instituciones o está comprobado por un análisis que se tiene que hacer, o algún tipo de análisis del árbol genealógico y de las relaciones de afinidad que puedan existir".
A la insistencia sobre la imposibilidad de saber si hay parientes del Presidente en la función pública, Soto agregó que si no existe una denuncia formal, documentada ante la Secretaría de la Función Pública, la misma no puede hacer nada al respecto.
Al ser consultada por qué un caso de tráfico de influencia que involucró a los diputados Víctor Bogado (ANR), Blanca Duarte Frutos (ANR) y Andrés Giménez (PLRA) denunció ante la fiscalía, dijo que en estos casos hubo denuncias documentadas. Esto sin embargo no ocurre en el caso de Lugo, dijo.
Contratos deben ser revocados
Soto al ser consultada sobre los nombramientos sin concurso en las instituciones aseguró que la secretaría a su cargo cuando toma conocimiento de un ingreso a la entidad sin previo concurso, investiga el hecho y cuando se tiene información verificada, se pasa al caso a la Procuraduría.
Aseguró que los nombramientos sin concurso son nulos. Esta regla tampoco se cumple en el caso de los familiares de Lugo.