Volviendo al caso de violencia doméstica, la representante de la víctima acudió a nuestro diario para denunciar el actuar de la jueza interina de la Recoleta, Elvira Franco, quien emitió un dictamen en la cual reconoció la existencia de violencia, pero de todos modos dispone que el agresor conviva nuevamente con la víctima. Nos invita a reflexionar nuevamente sobre el actuar de los que ejercen la ley.
Se pone nuevamente en evidencia que –por un lado concreto– en el tratamiento de la violencia doméstica, en el Poder Judicial cuesta encontrar mínimos avances. Este órgano parece haberse quedado en el tiempo, porque reproduce discriminaciones y atavismos, y son incapaces de reconocer y responder a las necesidades sociales más elementales, como en este caso la necesidad de proteger a las mujeres víctimas de violencia y sancionar a los autores, sean ricos, pobres, famosos o desconocidos.
Ampliando el análisis, la abogada en derechos humanos Mirta Moragas resalta que “es muy preocupante que luego de tantos años de vigencia de la Ley 1600/2000, los jueces aún no comprendan o no quieran cumplir el espíritu de la ley, que es darle recursos a quien esté sufriendo violencia, a través de un recurso rápido y sencillo”.
Revela estudio
Moragas informó que un estudio realizado por la organización Kuña Róga en la ciudad de Encarnación, durante 2007 y 2008 muestra que en 2008 el Juzgado de Paz de esa ciudad solo aplicó medidas de protección a la víctima en el 58% de los casos denunciados. Ante la Consejería Municipal por los Derechos de la Mujer (Codemu), que depende de la Municipalidad de Encarnación, se verificó que el 35% de los casos fueron conciliados en la misma oficina pública, en el 19% de las denuncias la mujer fue derivada a atención psicológica, el 19% tuvo una derivación al Juzgado de Paz y el 3,7% a la fiscalía.
“De hecho el Comité para la Eliminación de la discriminación hacia las mujeres (Comité Cedaw, por su sigla en inglés), en octubre pasado recomendó a Paraguay que “Intensifique sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre los funcionarios públicos, especialmente las fuerzas del orden, los funcionarios judiciales, los proveedores de salud y los trabajadores sociales y refuerce la concienciación de que esa violencia es social y moralmente inaceptable y constituye una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos”, indicó.
La Justicia paraguaya pone en riesgo su credibilidad
“El Estado debe abordar las dificultades que tienen las mujeres para el acceso a la justicia y los prejuicios, como pensar que hay “agresión recíproca”, es claramente un obstáculo para que las mujeres accedan a la justicia.
¿Con qué confianza irán las mujeres a denunciar si las y los operadores de justicia le van a decir que “mejor nomas que se arregle”? Lo que sucede es que en realidad muchos de estos operadores de justicia están convencidos de que este es un “tema privado”, o un “tema menor” y eso se refleja tanto en lo que constan en las actuaciones como en el trato que tienen con las mujeres que acuden a un juzgado o a una comisaría pidiendo protección”, criticó la abogada.
Con respecto a los cursos de capacitación para los miembros de la Corte Suprema de Justicia que deberían solventar su propia formación para cumplir con los deberes que han asumido o, en su defecto, deberían ser formados por el Estado que los designó, todas son financiadas por ONG, dice Moragas que “este tipo de casos y otros más a los que hemos tenido conocimiento, nos muestran que a pesar de haber pasado por espacios de capacitación, persisten actitudes que impiden que pueda aplicar la ley correctamente y que puedan garantizar efectivamente los derechos de las mujeres. Esto es particularmente grave, porque hemos visto casos en que las mujeres murieron por falta de recursos eficaces, que tienen que ver más con las actitudes que con la ley”, puntualizó.
Jueces creen ser los salvadores de la familia
“Hemos tenido casos concretos en el distrito de San Roque, donde acuden mujeres del Bañado Sur, por ejemplo, donde les han dicho que las mujeres deben “tener en cuenta que están casadas y que sus maridos son los dueños de la mitad de todo lo que tienen y que hay que respetar sus derechos”. Eso significa claramente una intención de mediar a favor del agresor. Estas mujeres de escasos recursos acuden a la justicia porque se supone que obtendrán protección y lo que encuentran son actitudes de minimización del hecho, de intento de conciliación, de desconfianza hacia lo que las mujeres afirman, etc. Con estas actitudes, no se puede avanzar hacia la garantía de derechos humanos de las mujeres”.
“Me parece muy “sugerente” que la jueza hable de que hay “agresiones recíprocas”, cuando quien realizó la denuncia es la mujer. También es preocupante, viniendo de una persona que está en posición de garante de derechos, en este caso, del derecho a la integridad de las mujeres”, indicó.