Cuando el general Francisco Franco asumió la jefatura suprema del Estado español el 29 de septiembre de 1936, su llegada al poder fue el corolario de varios años de enfrentamientos por la anarquía que sacudía la tranquilidad de todo el pueblo español. Con el pretexto de unificar el país, pretendió eliminar varias lenguas originarias de España y dejar solo el idioma castellano con el nombre de “español”, en la creencia de que la vigencia de tantas lenguas propias u originarias del país era la causa de la anarquía política y social en toda la península. No tendría él, entonces, la información de que España era y sigue siéndolo ahora, el país más rico del mundo en la cuestión cultural lingüística, por lo que propició tenazmente su política de lengua única en el país.
Al iniciar esa política de imponer en España la lengua única, que sería la castellana, con el nombre de “español”, apareció el primer brote de protesta, porque decían, principalmente en Catalunya, en el País Vasco y en Galicia, que no se puede privilegiar con el nombre de “español” a una sola de las lenguas originarias de España. La oposición creció más aún cuando esas autonomías se enteraron de que la política de Franco tenía el objetivo de imponer la lengua única en toda España. El descontento popular se multiplicó rápidamente, lo que también hizo crecer la represión del Gobierno con pérdidas de vida en las citadas comunidades autónomas. Se organizaron los hablantes de las autonomías, decididos a defender su lengua propia; hasta en el Valle de Arán, donde se habla el aranés, por mencionar una comunidad pequeña, aparecieron brotes de violencia en defensa de la lengua propia.
La solución arbitrada
Con el fallecimiento del general Franco en 1975, la clase política española se ocupó de la organización institucional política, asumiendo en primer término el retorno a la monarquía. Inmediatamente después, se ocupó de la recalcitrante situación lingüística en toda España. Los constituyentes españoles (el Congreso de los Diputados y el Senado) le dieron la merecida prioridad a la cuestión. Fue así que la nueva Constitución nacional incorporó en el art. 3º, la que aún hoy sigue vigente, las sabias y acertadas disposiciones que a continuación transcribo textualmente:
“Art. 3º: 1) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; 2) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos; 3) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Así tenemos el inciso 1 expresando la soberana
voluntad de todo el pueblo español, representado por el Rey Carlos I y la clase política, al denominar “castellano” al idioma oficial del Estado. El inciso 2 arbitra la solución de los problemas que puede generar la coexistencia de varias lenguas propias dentro de todo el territorio, al señalar claramente que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos”. Con esta disposición se crea la llamada en lingüística la “cooficialidad”. Es una denominación técnico-lingüística que se refiere a la oficialidad compartida por una lengua con otra en un determinado lugar, zona o región. Fuera de esa zona, una de esas lenguas no conserva su carácter oficial. De esta manera, la máxima autoridad política adoptó la más razonable y práctica solución para el problema de lenguas en toda España.
Así fue que la clase política española del posfranquismo le dio a todos los gobiernos españoles que se sucederían después los instrumentos adecuados, en ese art. 3º de la Constitución nacional, para exterminar los problemas que durante más de 39 años ocasionaron estragos entre fuerzas del Gobierno y grupos que defendían sus lenguas propias.
Algo quedó latente
Terminaron los enfrentamientos por los problemas lingüísticos con el fallecimiento de Francisco Franco, pero quedó algo latente que fue incubándose en la mentalidad de cierto grupo de personas en España, grupo que se opone a la denominación de “castellano” como nombre de la única lengua oficial en el país. Pretende dicho grupo que el nombre de la lengua oficial sea “español” y no “castellano”. Además de ir contra la Constitución española parece ser un rescoldo de la dictadura pasada porque eso mismo fue, precisamente, lo primero que se rechazó en el proyecto de lengua única de Francisco Franco. La pretensión del cambio del nombre “castellano” por el de “español” originó el uso y divulgación de la frase “no puede privilegiarse con el nombre de español a una sola de las lenguas propias de España”. Decían que “el catalán” también es español, así como “el euskera”, “el gallego” y otras lenguas propias de España. Fue el primer rechazo popular que generó los lamentables enfrentamientos represivos ya comentados.
Nos preguntamos también... ¿por qué la Real Academia Española no contribuye en el esclarecimiento de la cuestión?, ¿no fue suficiente –acaso– el aparatoso rechazo que sufrió el proyecto de enmienda que presentó al Senado el 29/08/1978 el señor Camilo José Cela y Trulock, como Académico y Senador por designación real?
Fuimos obligados en América
Melchor Maldonado y Saavedra, obispo de Tucumán, fue consultor de la Inquisición en Sevilla (España), doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, asumió el Obispado de San Miguel de Tucumán, Argentina, nombrado por el papa Urbano VIII, el 8 de marzo 1632. Fue uno de los obispos más influyentes porque se intercambiaba cartas con el Papa y con los Reyes de España, especialmente con Felipe IV. El obispo Maldonado se vinculó desde que llegó a Tucumán con la lengua quichua santiagueño y descubrió que esa lengua originaria tenía mucha influencia en todo el Obispado de Tucumán. Denunciaba ante el Rey que el castellano corría el riesgo de ser desplazado por el quichua. Insistía con que muchos españoles y sacerdotes y antiguas autoridades peninsulares ya hablaban más el quichua que el castellano. Así había quejas también contra el guaraní, contra el quichua del Perú, contra el náhuatl de México, contra el mapuche de Chile, y todos los obispos se intercambiaban noticias y mantenían bien informada a la Corona, especialmente sobre la situación y el relacionamiento de las lenguas originarias con el castellano.
Surge la prohibición
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, exactamente tres años después (1770), recrudeció la defensa de la utilización del castellano y la represión contra las lenguas originarias, y así fue que el Rey Carlos III firmó en Aranjuez la Cédula Real por la cual la Corona española prohibía el uso de las lenguas indígenas en toda América, islas adyacentes y Filipinas y solo se debía hablar el castellano.
“Yo, el Rey, mando para que en los Reynos de las Indias, Islas adyacentes y de Philipinas, se pongan en práctica, y observen los medios que se refieren, y ha propuesto el Arzobispo de México, a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas que se usan en aquellos dominios, y solo se hable el castellano”.