TACUATÍ (Omar Acosta, corresponsal). Los delitos ambientales avanzan sin pausa en el departamento de San Pedro. Los principales depredadores son los productores menonitas y brasileños, que alquilan las tierras de los campesinos, deforestan y cultivan soja.
Los colonos deforestan las franjas de protección de los cauces hídricos, desde nacientes hasta ríos. Los cursos de agua son contaminados con total impunidad.
Los productores menonitas y brasileños van terminando con los últimos bosques de San pedro, y por ahora en los asentamientos de San Pedro Poty y Potrero Oculto, de Tacuatí abundan los cultivos de soja en las fincas de los campesinos.
Los campesinos se manejan con total incoherencia, ya que por un lado expresan rechazo hacia la plantaciones de soja y se quejan de la depredación impune de los últimos bosques del segundo departamento, pero, por el otro, alquilan sus tierras a los productores brasileños y menonitas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los que alquilan se niegan a dar nombres de los arrendatarios. Dicen que no los conocen, mientras se presentan dueños de los sembradíos de soja en los que se trabaja con tractores para deforestar.
En la colonia Manitoba de Tacuatí desmontaron totalmente una franja del área de amortiguamiento de un caudaloso arroyo. El curso de agua incluso fue represado con un muro de arena.
El fiscal de medioambiente Carlomagno II Alvarenga es el único asignado para todo el departamento de San Pedro. El funcionario, además, debe llevar las unidades ordinarias del Ministerio Público en Santa Rosa del Aguaray, por lo que urge la designación de más fiscales.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz de Verón, verificó hace un par de semanas la deforestación de la reserva San Rafael, entre Caazapá e Itapúa. En la ocasión prometió que San Pedro contará con dos fiscales que atenderán exclusivamente casos de delitos ambientales.
Díaz Verón aseguró que el Ministerio Público, solo, es incapaz de frenar los delitos ambientales. Sostuvo que urge un trabajo interinstitucional que involucre, además del Ministerio Público, al Poder Judicial, Policía Nacional, Secretaría del Ambiente (Seam), Instituto Forestal Nacional (Infona), gobernaciones, municipalidades, entre otras entidades.