Alrededor de US$ 900 es el sobrecosto que pagan los importadores paraguayos para tramitar las gestiones de despachos en las diferentes instituciones, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), según precisó la licenciada Cecilia Sallustro, directiva del citado gremio.
La ejecutiva explicó que estos sobrecostos son originados por las propias legislaciones y normativas, pero que ya no se justifican, pues no ofrecen una contraprestación de servicio. Lo peor que en algunos casos alientan a la corrupción; por lo que requieren ser revisados con urgencia, detalló la directiva de la Agencia Sallustro y del CIP.
Según Sallustro, esta situación pone en riesgo la competitividad de los productos que luego son comercializados localmente, ya que por otro lado se tiene la competencia desleal del contrabando, debido a que ingresa un montón de productos ilegalmente que se venden más baratos en las calles, pero sin pasar por todos los procesos de control y calidad que pasan las empresas formales.
La ejecutiva indicó que es urgente avanzar en acciones más concretas desde la mesa de trabajo público-privada que ya se instaló para ver una solución a este gran incoveniente de los sobrecostos que tiene Paraguay en sus importaciones.
Según explicó, estos sobrecostos se dan porque el Estado no cubre la necesidad de cada institución pública por la cual debe tramitarse los permisos. Cada institución (Senave, Senacsa, MIC, etc.) cobra un arancel a su criterio y que no se sabe con exactitud para dónde van a parar finalmente esos recursos. Hoy todos los trámites son totalmente digitalizados, y ya no tiene sentido el cobro de estas elevadas tasas, reclamó la ejecutiva.
Según el Centro de Importadores, para mejorar la competitividad del Paraguay, en materia de comercio internacional, debemos reducir como mínimo los sobrecostos en US$ 620 que nos ubicará en mejor posición en costos de logísticas comparados a países similares al nuestro en cuanto a su tamaño y estructura.
Según Sallustro, esta es una de las prioridades del sector, considerando el delicado panorama del contexto regional e incertidumbres internacionales que siempre afectan en el ánimo de los compradores.
Desde el CIP espera que las nuevas autoridades puedan dar pasos más concretos en la búsqueda de una solución a este tema que afecta la competitividad de centenares de empresas de nuestro país.