Fluoder SA es una empresa que inició sus operaciones con un grupo argentino en 1974 y en la década del ‘80 fue adquirida por la familia Pappalardo, la cual administra la industria hasta la fecha, comenta Pappalardo. Las instalaciones se encuentran en la ciudad portuaria de Villeta y las plantas producen cloro y soda cáustica, ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio (que son lavandinas y cloro para pileta), ácido clorhídrico, policloruro de aluminio (PAC) y sulfato de aluminio.
La cualidad de disponer en su gama de productos la fabricación de artículos para la desinfección, le permitió más demanda durante la pandemia; sin embargo, en otros artículos significó una caída, menciona. Además, la situación sanitaria brindó la oportunidad de dar apoyo logístico a centros sanitarios para combatir la propagación del virus, suministrando productos de alta calidad para la limpieza de esos espacios.
En el mismo contexto, añade que en este tiempo se realizaron inversiones para brindar mayor variedad a los consumidores y que en los próximos tres a cinco años se planifica invertir unos US$ 30 millones. “Somos empresa seria con control de calidad elevadísimo, ya que se apoya en un plantel de profesionales técnicos para que así lo garantice, compuesto por ingenieros químicos, civiles, mecánicos, eléctricos e industriales, que nos asisten permanentemente para que nuestros productos sean acorde a las exigencias del mercado local y regional”, comenta. Agrega que realizan exportaciones a Brasil, Argentina y Bolivia, desde hace años.
Teniendo en cuenta que son importantes los esfuerzos del sector privado para desarrollar las industrias y generar empleos, considera que urge una “desinfección” de la corrupción e impunidad imperantes en el país, que se evidencian con la falta de fortaleza institucional. “En todos los eslabones se evidencia la falta de institucionalidad en el país. Un ejemplo es la adquisición de productos de contrabando porque supuestamente es más barato, pero el costo social es altísimo, esa oferta no paga impuestos y, por ende, representa menos ingresos que llegan a salud, educación e inversiones en infraestructura, entre otros”, señala. Agrega que esta situación se puede combatir con mayor educación cívica.
Debido a las consecuencias que deriva del ingreso ilegal de productos, sostiene que debería modificarse la ley y tipificarse como crimen dicho flagelo, y ya no solo un delito. “Así las sanciones serían más duras y se cumplirá el objetivo de desalentar la violación de la normativa”, opina.
“Consuma lo que el Paraguay produce. Este es el mensaje que quiero dar a los colegas y todos los consumidores en el Día de la Industria”, finaliza.