«En lo que respecta a las políticas culturales», escribía el investigador barcelonés Jaron Rowan en su libro Cultura libre de Estado (2016), «estamos viviendo un inusitado momento de transición. Se hace visible que las dos principales tradiciones sobre las que estas se sustentaban muestran síntomas de agotamiento. Una de ellas se fundamenta en esa visión ilustrada que entiende la cultura como un ente educador, “lo mejor que se ha dicho o escrito”, como en su momento argumentó Matthew Arnold. La otra, más reciente, contempla la cultura como un elemento de desarrollo cuyo valor reside en su capacidad de generar beneficios económicos».
Sobre la primera de esas tradiciones, las críticas al papel que históricamente ha representado en ella el Estado como garante del acceso a la producción y disfrute de la cultura suelen señalar que la intervención estatal en la esfera cultural para subvencionar las artes frecuentemente, lejos de ser neutral, ha tenido «fines de carácter nacionalista, propagandístico y, en definitiva, regulador de la producción y circulación de formas simbólicas», para citar al profesor emérito de la Universidad de Loughborough Jim MacGuigan (Rethinking Cultural Policy, 2004).
En este sentido, el discurso neoliberal con frecuencia presenta el mercado como una suerte de regulador neutral que combatiría la subordinación ideológica de la cultura a la voluntad política centralizada en el poder estatal. No obstante, creemos que cuando el mercado gana terreno en materia de políticas culturales hay que intentar comprender qué formas de sujeción y de gobierno puede implicar, por poner un ejemplo de los más elementales, el mecenazgo de la cultura y del arte por parte de empresas privadas, o qué posibles complicidades con las élites cuyos intereses el Estado representa podría estar soslayando o encubriendo la tesis de la neutralidad. Particularmente, en las últimas décadas las políticas neoliberales en diversos países han buscado por todos los medios recortar las subvenciones destinadas a la cultura e impulsar el apoyo prioritario o aun exclusivo a aquellos proyectos culturales susceptibles de generar beneficios económicos, lo cual está cambiando radicalmente la relación del Estado con la cultura en las sociedades contemporáneas.
El tema de las políticas culturales es abordado en nuestra edición de hoy desde tres puntos de vista diferentes, a propósito del anuncio público de un polémico recorte presupuestario por parte del gobierno al área cultural hecho en estos días en Paraguay.
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Que la implementación de las industrias creativas como discurso de las políticas públicas supone un concepto del arte como producto capaz de rentabilizarse y de hablar en el idioma del sector privado para «venderse mejor» es uno de los varios puntos que señala y critica el escritor y actor Julio de Torres en su artículo «Mea culpa». La necesidad de transparentar la gestión institucional de los recursos destinados al arte y la cultura, así como los criterios de selección tanto de los proyectos culturales como de los funcionarios a cargo de esa tarea es una de las observaciones apuntadas por el músico y comunicador Alejandro Méndez Mazó en su artículo «El gran problema de la cultura no es el presupuesto», con el cual, por último, el artículo de Montserrat Álvarez «Incoherencias y milagros» debate.
El acceso a la cultura no consiste solo en su consumo: implica poner al servicio de la gente las instituciones culturales, que para ello han de ser tan susceptibles de cuestionamiento como capaces de rendir cuentas.
La polémica está servida. Buen provecho.