El debilitamiento económico de Argentina ha sido prolongado, y en particular se ha acentuado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, donde la política económica se caracterizó por importantes subsidios para la población, empleo público, controles de precios, cepo cambiario y barreras comerciales.
De hecho, esos importantes subsidios y demás apoyos otorgados a la población se llevaron a cabo sin disponer de los recursos para hacerlo. Por tanto, el gasto público creció muy por encima de los ingresos que recibía el gobierno, lo que llevó a un importante déficit fiscal.
En ese contexto, el gobierno recurrió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que le otorgara los fondos para financiar el déficit fiscal. Cuando un Banco Central no es independiente y, efectivamente, dota de recursos al gobierno, lo está haciendo con dinero que no ha sido creado por la actividad económica, esto es, sólo está imprimiendo dinero.
Este financiamiento del déficit por parte del BCRA genera presiones inflacionarias, porque hay más dinero en la economía, pero la cantidad de bienes no ha cambiado y, por tanto, esa mayor cantidad de dinero compite para adquirir los mismos bienes, lo cual presiona al alza los precios de los productos.
El gobierno de Cristina Fernández enfrentó las presiones inflacionarias con controles de precios, y la aplicación de éstos genera distorsiones en la economía, como escasez de los bienes con precio establecido por el gobierno y la aparición de mercados negros.
Además, la expresidenta llevó a cabo nacionalizaciones de Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles de Argentina y la petrolera YPF, propiedad de la española Repsol. Estas acciones aumentaban el tamaño del Estado, así como la necesidad de recursos para cubrir los gastos, incrementando así el déficit fiscal y la inflación.
Su política comercial tuvo sesgos proteccionistas. De hecho, durante 2012, la Unión Europea (UE) denunció ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) las medidas restrictivas aplicadas por el país, como el régimen de licencias de importación cuyo procedimiento consideraban poco transparente y discrecional. También, solicitaban la derogación del mecanismo que obligaba a los exportadores europeos a importar productos argentinos.
Finalmente, algo que recuerdan los mercados es el default de Argentina en 2001, y los procesos de renegociación, que llevó a cabo Néstor Kirchner, quien logró reestructurar el 76% de los pasivos en 2005 y, posteriormente, Cristina Fernández en 2010, consiguió una adhesión adicional del 17% de los bonistas. Ambos procesos significaron una quita importante en la cantidad de dinero que esperaban recibir los tenedores de los bonos al término de los mismos.
El restante (7%) que no entró en los procesos de renegociación inició una disputa contra Argentina en la Corte de Nueva York, donde se dictó un fallo a favor de los holdouts, conocidos como “fondos buitres”, a quienes deberían pagar el 100% de la deuda.
El capítulo del default argentino duró 15 años, hasta 2016 cuando el presidente Mauricio Macri realizó el pago a los holdouts y Argentina salió de esa condición.
Macri y las medidas económicas-financieras
El presidente Mauricio Macri había tomado posesión del cargo el 10 de diciembre de 2015, en un contexto de distorsiones económicas asociadas a presencia de controles de precios, cepo cambiario y de déficit fiscal motorizado por importantes subsidios.
Durante su administración, si bien se recuperó el equilibrio fiscal, el proceso de ajuste fue gradual y estuvo acompañado de una recesión económica y alta inflación. De hecho, en julio, los agentes económicos esperaban que al cierre de 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) se reduzca 1,4% y que la inflación se ubique en 40,4%. Con estos resultados, el país sumaría dos años seguidos de inflación mayor a 40% y de caída en la actividad económica.
Al mismo tiempo, durante los últimos nueve meses, el desempleo se incrementó, y para el primer trimestre de 2019 alcanzó 10,1%. De igual forma, el porcentaje de hogares en pobreza se incrementó de 21,5% (segundo semestre de 2016) a 23,4% (segundo semestre de 2018).
Otro capítulo importante durante la administración de Macri fue lo ocurrido en el 2018 cuando Argentina obtuvo un auxilio financiero (Acuerdo Stand-By) por US$ 57.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual está sujeto a un severo ajuste fiscal. Hasta ahora, el país ha recibido US$ 44.000 millones de ese préstamo, sin embargo, el FMI no ha terminado de desembolsar los restantes recursos del crédito que estaban previsto para setiembre.
Durante el mes de agosto debía llevarse a cabo la quinta revisión del Acuerdo Stand-By, pero fue diferida luego del resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El revés eleccionario en las PASO del presidente Mauricio Macri fue el reflejo de la compleja situación económica y social por la que atraviesa el país. Como respuesta, el 14 de agosto de 2019, el presidente argentino anunció una serie de medidas económicas, las cuales buscan aliviar a 17 millones de personas entre trabajadores, sus familias y a las pequeñas y medianas empresas. Además, contempló un aumento del salario mínimo, bono extra para empleados públicos y privados, así como la invariabilidad de precios de la nafta y los combustibles por 90 días. También se estipuló, un plan de financiamiento tributaria para las pequeñas y medianas empresas, entre otros beneficios.
Semanas después del mencionado anuncio, el 1 de septiembre de 2019, el Directorio del BCRA dictó medidas que regulan los ingresos y los egresos en el mercado de cambios. Esta normativa mantiene la plena libertad para extraer dólares de las cuentas bancarias, tanto para personas físicas como jurídicas, no afecta el normal funcionamiento del comercio exterior y tampoco introduce ninguna restricción a los viajes.
Sin embargo, una vez conocidos los resultados de la elección presidencial celebrada el 27 de octubre, donde resultó electo Alberto Fernández, el BCRA estableció un nuevo límite para la compra de dólares, con la finalidad de proteger las reservas internacionales ante la incertidumbre que genera el cambio de gobierno. En este sentido, las personas podrán comprar US$ 200 por mes con débito a una cuenta en pesos y necesitarán autorización para comprar sumas mayores a ese monto. Para las compras en efectivo, el monto será de US$ 100. Además, las personas físicas y jurídicas que no sean residentes podrán comprar hasta US$ 100 por mes. Está última medida financiera relajó, en parte, la fuerte depreciación que venía arrastrando el peso argentino con respecto al dólar.
¿Cuáles son los vínculos comerciales de Paraguay con Argentina?
Los vínculos comerciales entre Paraguay y Argentina pueden medirse bajo un esquema pendular. Unas modificaciones en la relación entre el dólar, el peso y el guaraní son capaces de movilizar flujos considerables de bienes e incluso de capitales entre la población de ambos países. Pero, atendiendo que más del 60% de la población paraguaya reside en áreas fronterizas, el comercio no declarado se convierte en un fenómeno de relevancia, con efectos mayormente indeseados. Así, cuando Paraguay se vuelve relativamente caro para los argentinos, éstos dejan de venir y sobre todo de comprar, impactando directamente en el sector comercial. En el caso inverso, cuando los paraguayos compran productos en Argentina y los traen al país como contrabando, el comercio formal y los importadores reportan pérdidas significativas.
El peso argentino hasta finales del 2017 mostraba un comportamiento relativamente estable. Sin embargo, meses después, específicamente a finales de abril de 2018, esta situación cambió drásticamente. El alza en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la vigencia de la Reglamentación del Impuesto a la Renta Financiera de no Residentes, que comenzó a gravar la salida de capitales de Argentina en 5% incidieron en el comportamiento de la tasa cambiaria. Estas condiciones aceleraron la salida de capitales en el vecino país.
Ese complicado escenario financiero y económico de Argentina impactó en Paraguay. Al depreciarse el peso, disminuyó la capacidad de compra que tenían los argentinos y eso se reflejó en la importante disminución de compradores en Paraguay. De hecho, datos de la Dirección Nacional de Migraciones registraron una caída del 33% entre el segundo trimestre del 2018 (366.383 personas) y el tercer trimestre del mismo año (246.138 personas).
Antes de las PASO en Argentina, los centros comerciales y de servicios en Paraguay comenzaban a registrar nuevamente la visita de turistas argentinos. Sin embargo, tras las primarias y las últimas elecciones, el escenario se presenta incierto. La depreciación del peso y la posibilidad de que la política económica ya implementada por Cristina Fernández en el pasado resurja, complica el panorama.
Posibles implicancias en Paraguay
El endurecimiento del control cambiario en Argentina tendría implicancias en Paraguay. Con la restricción para el atesoramiento de dólares en el vecino país, los argentinos podrían ingresar a Paraguay a realizar compras simuladas en tiendas. Esto es, pagar con tarjetas, para retirar guaraníes, cambiarlos a dólares y luego llevarlos a Argentina. Esta práctica ya había sido vista durante los años 2013 y 2014, cuando regía un riguroso cepo cambiario en el periodo de Cristina Kirchner. De momento, es incierto si la demanda de dólares en Paraguay sería importante e impactaría en el tipo de cambio US$/G., teniendo en cuenta que las operaciones deben representar un importante volumen en forma electrónica, donde está el mayor volumen de transacciones.
Sin embargo, los que eventualmente podrían beneficiarse con la demanda de dólares, serían los bancos de plaza, dado que actualmente cuentan con varias restricciones para remesar internacionalmente dólares, lo cual les obliga a quedarse con la moneda extranjera. Un aumento en la demanda de dólares oxigenaría el exceso de la moneda en el sistema financiero local.
En materia comercial, otra implicancia podría verse influenciada en el tipo de cambio real. Al hablar de este concepto económico, se tiene una medida que indica el poder adquisitivo de una divisa en comparación a otra, en este caso el peso argentino frente al guaraní. Este indicador tiene en cuenta los precios de los países a ser comparados, es decir, depende de la inflación. En términos sencillos, al observar los precios de Argentina y de Paraguay se puede comparar qué tan caro o barato resultan ser las transacciones comerciales en estos países. El efecto más notorio en este indicador se vio tras las elecciones primarias, el lunes 12 de agosto, con un aumento en el tipo de cambio real del 16%. Esto significó que el guaraní podía comprar más productos en Argentina el día posterior a las PASO hasta un cierto tiempo. Días después, esta métrica se fue normalizando incluso en el día posterior a las elecciones generales, el pasado lunes 28 de octubre. Ese día, el tipo de cambio real se redujo en 1% por lo que hoy el escenario se estabilizó. A mediano plazo, cuando asuma el nuevo gobierno, se deberían monitorear estas variables para ver cómo repercuten en el comercio entre los dos países, especialmente el fronterizo y sus implicancias en el contrabando.
El sector agrícola en Paraguay es otro grupo que se mantiene en alerta. La posibilidad de que vuelva a prohibirse el Régimen de Admisión Temporaria de granos genera preocupación e incertidumbre en el mercado nacional. La disposición había sido levantada en 2016 por el presidente Mauricio Macri, permitiendo que Paraguay importe granos, que luego de procesarlos en territorio argentino son exportados como productos agroindustriales.
Una restricción a la importación, empujaría a Paraguay a competir con Estados Unidos por el 33% de los mercados del mundo, ya que estos países son los únicos que no pueden comerciar con China. Estados Unidos a causa de la Guerra Comercial y Paraguay porque no dispone de relaciones diplomáticas ni comerciales con China. Por tanto, se debería comenzar a diseñar estrategias que respondan a una eventual situación como la planteada, considerando la importante participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto del país (8,1%) y su permeabilidad en los demás sectores.
El reciente acuerdo de libre comercio automotriz suscripto entre Paraguay y Argentina, es otra arista que se presenta con altísima incertidumbre con el gobierno de Fernández. Este convenio bilateral es el primero firmado por Paraguay con un socio del Mercado Común del Sur (Mercosur). Contempla algunos puntos como la posibilidad de comercializar autopartes al mercado argentino con aranceles preferenciales. De esta manera, Paraguay ayudaría a Argentina a darle mayor contenido regional a los vehículos que fabrica, considerando que si alcanza 50% de contenido proveído en el Mercosur, los autos fabricados en Argentina ingresarán con arancel cero a la Unión Europea, según especificaciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Finalmente, Argentina se enfrenta a un mercado nacional y regional sediento de conocer cuáles serán los lineamientos de política económica del potencial presidente Alberto Fernández. El vecino país es un jugador importante para el Paraguay en materia comercial, por lo que las medidas que tome el entrante gobierno terminarán incidiendo en una parte importante del desarrollo económico del país, tal como viene ocurriendo. Ante esto, es necesario que las autoridades nacionales monitoreen las eventuales decisiones del gobierno de Fernández a fin de diseñar algunas alternativas que mitiguen cualquier impacto negativo que pueda presentarse y que ya fue mencionado en esta edición.
El debilitamiento económico de Argentina ha sido prolongado, y en particular se ha acentuado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, donde la política económica se caracterizó por importantes subsidios para la población, empleo público, controles de precios, cepo cambiario y barreras comerciales.
El financiamiento del déficit por parte del BCRA genera presiones inflacionarias, porque hay más dinero en la economía, pero la cantidad de bienes no cambió y, por tanto, esa mayor cantidad de dinero compite para adquirir los mismos bienes, y presiona al alza los precios.
El presidente Mauricio Macri había tomado posesión del cargo el 10 de diciembre de 2015, en un contexto de distorsiones económicas asociadas a presencia de controles de precios, cepo cambiario y de déficit fiscal motorizado por importantes subsidios a los productos y servicios básicos.