El actual mecanismo de distribución de los fondos no tiene relación con las necesidades de los alumnos. Por tanto incrementa las brechas territoriales y desigualdad, los departamentos más pobres reciben menos fondos para alimentación escolar.
Los recursos insuficientes favorecen una distribución arbitraria hacia las escuelas, no se respetan los índices de priorización de las escuelas con mayores necesidades de infraestructura y alimentación.
El PAEP no cumple con los principios para los que fue creado. En desayuno y merienda hay departamentos donde menos de la mitad de los alumnos es beneficiado. En cuanto al almuerzo existen regiones donde el porcentaje de favorecidos apenas llega al 11% de alumnos. Si se mide la cobertura en días, hay departamentos que sólo un tercio del año escolar cubren el almuerzo.
Deficitaria infraestructura
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En cuanto a infraestructura, existen departamentos donde más del 50% de las escuelas carece de cocina/comedor. Y sin cocina/comedor el alimento se sirve en aulas o patios incumpliendo medidas de control sanitario y con las jornadas escolares extendidas que promueve el gobierno este problema se profundizará.
Son las mismas gobernaciones y municipios quienes deciden retrasar la provisión de alimentación escolar a inicio del año, justificando esta decisión por el reducido presupuesto que tienen a disposición y que no permite cubrir todo el periodo de clases. De esta manera incumplen la legislación vigente y no perciben sanciones por ello.
Igualmente se encuentra una alta concentración de las adjudicaciones, el 87% (US$ 151 millones) del valor adjudicado se concentra en apenas 20 empresas. Además de adjudicaciones en un solo contrato por valores superiores a los US$ 10 millones (departamento Central y Asunción), también hay firmas que se adjudican hasta 37 contratos dentro de un solo departamento (Amambay).
Principales recomendaciones
Urge diseñar una metodología para distribuir los recursos que incorporen tasas de matriculación, tasas de analfabetismo, déficit nutricional de los alumnos y por sobre todo una priorización a los territorios que tengan tasas de pobreza y extrema pobreza más elevadas.
Se deben imponer sanciones o restringir la transferencia de recursos a los gobiernos locales cuando no cumplen con lo estipulado en la ley y retrasan los procesos de provisión de los alimentos.
Realizar un control de precios de los productos que ofrecen las empresas y monitorear el grado de concentración del mercado en las adquisiciones, lo cual puede ocasionar un pago excesivo por los productos ofrecidos.
Implementar un programa de compras de la agricultura familiar más integral, en este aspecto se puede aprender de experiencias exitosas implementadas en Brasil y Ecuador dentro de contextos similares.
Fortalecer las capacidades del INAN y de la Dirección de Alimentación Escolar del MEC para que implementen un mecanismo permanente de control en las escuelas que reciben la alimentación escolar, así como hacer monitoreos constantes de la situación nutricional de alumnos que perciben la alimentación escolar y evaluar el impacto del programa, considerando todas las medidas de control sanitario.