La seguridad social, conforme a organismos internacionales, está definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones, que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. Al hablar de la seguridad social, los sistemas de pensiones se constituyen en la piedra angular de las preocupaciones en América Latina, debido al rápido crecimiento de la población pasiva (jubilados) frente a la activa (cotizantes).
La situación está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas previsionales en los países de la región, así como presionando de manera considerable a las cuentas públicas, dejándolas, incluso, en déficit. Por ejemplo, Brasil arrastra un desequilibrio fiscal desde el año 2014. El déficit está explicado, en gran parte, por un sistema previsional colapsado a causa del alto número de personas en edad de retirarse de la vida laboral frente a los trabajadores que se encuentran activos o que siguen aportando a los fondos.
Brasil
En este contexto, el Gobierno de Jair Bolsonaro consiguió la venia a la Ley de la Reforma Previsional en octubre del año pasado. Con esta normativa se pretende reencauzar la complicada situación previsional en Brasil y liberar recursos fiscales (estiman un ahorro de US$ 340.000 millones en diez años). La reforma contempla una edad mínima de 62 años para las mujeres, con 15 años de aporte y de 65 años para los hombres, con 20 años de contribución. Además, se modifica el esquema de las alícuotas de contribución, que serán más altas para los de mayores ingresos. También se estableció una nueva fórmula para calcular las jubilaciones (sobre la base de todos los aportes y no sobre el 80% de los mejores).
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Chile
Por su parte, Chile ha enfrentado protestas sociales meses atrás, entre otros puntos, por el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones. De hecho, alrededor del 80% de los chilenos recibe pensiones menores al salario mínimo.
En el mencionado contexto, el Gobierno de Sebastián Piñera remitió al Congreso Nacional el proyecto de reforma del sistema de pensiones. Las modificaciones contemplan, entre otros aspectos, un aumento de la cotización, que pasaría del 10% actual al 16%. La diferencia sería aportada por los empleadores. Además, el 6% adicional sería dividido en dos, yendo una parte de los recursos a la capitalización individual (a la cuenta individual de ahorro previsional de cada trabajador) y la otra, a un Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que entregará una pensión adicional (Pilar Solidario) a los pensionados.
Índice mundial de pensiones
En el mundo, desde hace más de diez años, es posible medir y conocer las condiciones de los sistemas previsionales en varios países. El análisis lo hace el Índice Mundial de Pensiones Melbourne Mercer, que utiliza el promedio ponderado de los subíndices de adecuación, sostenibilidad e integridad para medir cada sistema de jubilación, utilizando 40 indicadores y cuya puntuación óptima se acerca a 100. Entre los países que lideran el índice, Holanda y Dinamarca se ubican con los valores más altos en los subindicadores mencionados anteriormente.
Si el foco se ubica en la sostenibilidad de los sistemas previsionales, es decir la capacidad de que puedan cumplir con la entrega de beneficios a los aportantes en el futuro, muchos sistemas sudamericanos y asiáticos se ubican con la calificación más baja.
El Índice revela que, por ejemplo, Chile se destaca con un puntaje de 71,7 en el subíndice, pero otros países como Brasil y Argentina solo llegan con 27,7 y 31,9 respectivamente. En Asia, la situación es similar con Singapur, que destaca con 59,7 puntos, mientras que Japón suma 32,2.
El Índice Mundial de Pensiones Melbourne Mercer 2019 aclara que la baja puntuación en el subindicador de sostenibilidad no es característico solo de economías en vías de desarrollo, sino también se observa en muchas economías europeas. Tal es el caso de Italia y Austria, países que solo recibieron un puntaje de 19,0 y 22,9, respectivamente, en el subíndice de sostenibilidad.
Fondos previsionales en países de la región
En varios países de América Latina, los ahorros de los trabajadores están concentradas en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas entidades son instituciones financieras privadas que tienen por objetivo la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Se encargan de otorgar pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.
Si se consideran los fondos que administran las entidades que operan en Uruguay, Perú, Colombia y Chile, los recursos se encuentran en aproximadamente US$ 98.324 millones. El portafolio de inversiones va desde Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), depósitos a plazo, hasta bonos soberanos.
Paraguay
En Paraguay, el sistema previsional y los fondos jubilatorios funcionan bajo reducidos esquemas y sin supervisión alguna. De hecho, en el país los recursos previsionales son manejados por diferentes cajas.
Los programas de pensiones están conformados por cajas públicas y privadas como la Fiscal (empleados del sector público), la Municipal, la Bancaria, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la de Itaipú Binacional, la Parlamentaria, y la Ferroviaria. Además, forma parte de este sistema el Instituto de Previsión Social (IPS), creado por el Gobierno, pero de funcionamiento autónomo. Asimismo funcionan programas de pensiones privados integrados por la Caja Mutual de Cooperativistas, Médica y la Caja de Profesores de la Universidad Católica.
Estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda dan cuenta que, de los aproximadamente US$ 16.000 millones de fondos captados por el sistema financiero, alrededor de US$ 3.400 millones corresponden a recursos del sistema previsional (cerca de 11% del Producto Interno Bruto).
Justamente la inexistencia de un órgano regulador impide contar con información acerca de los fondos que administran. Además, las cajas previsionales captan de sus aportantes estos recursos y los invierten sin ninguna supervisión por parte de algún ente regulador estatal.
Superintendencia: Alcances y perspectivas
En las últimas semanas surgió el proyecto de ley que establece la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y establece normas de regulación y supervisión. Una propuesta similar había sido archivada año y medio atrás en el Congreso Nacional, como consecuencia de duros cuestionamientos por parte de los trabajadores y las cajas previsionales.
De hecho, el grupo sustenta su oposición ante la posibilidad de injerencia en la administración de las cajas, o que las determinaciones del órgano estén motorizadas por intereses particulares. Actualmente, la resistencia no ha cambiado, pero desde la cartera fiscal se muestran optimistas de que esta vez será aprobado mediante un pacto social y económico.
El proyecto de ley contempla entre sus puntos principales que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones será un órgano dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) y gozará de plena autonomía funcional.
Además, la Superintendencia se constituirá en el órgano técnico especializado en la fiscalización y supervisión de las entidades de jubilaciones y pensiones. Particularmente tendrá funciones de supervisión técnica, actuarial, operativa, jurídica y financiera de las mismas, entre otras atribuciones como la de investigar, aplicar sanciones cuando corresponda para una correcta regulación del sistema, así como absorber consultas o reclamos de beneficiarios relacionados con esta supervisión y las demás funciones que determine la ley.
Conforme a la normativa y explicaciones de Hacienda, la entidad no tendrá injerencia alguna en la administración de los recursos de las diferentes cajas. Por tanto, se seguirán manejando conforme lo establecen sus respectivas cartas orgánicas o reglamentaciones.
La propuesta normativa amplía el portafolio de las inversiones para las entidades previsionales. Entre los productos financieros figuran inversiones en títulos emitidos o garantizados por el Tesoro Público de la Nación y por el Banco Central del Paraguay. Los recursos previsionales también podrán ser destinados a instrumentos emitidos o garantizados por bancos y por instituciones financieras, bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay. Las acciones de sociedades anónimas de capital abierto, así como las cuotas de participación en fondos de inversión y fondos mutuos, figuran en la lista del portafolio de inversiones.
También forman parte de las inversiones autorizadas los créditos otorgados a los afiliados activos, jubilados y pensionados de la respectiva entidad de jubilaciones y pensiones e inversiones inmobiliarias en bienes raíces, entre otras.
Urge crear órgano de control
Como se ha visto, la administración de los fondos previsionales en Paraguay dista mucho de la que rige en varios países de América Latina. Por consiguiente, es urgente la creación de un órgano capaz de controlar y regular los ahorros del 44,8% de la población total ocupada asalariada, que aporta a un sistema de jubilación en el país.
La propuesta de Ley es un paso importante para el fortalecimiento institucional de los fondos de pensiones y contribuiría a mantener, tanto la estabilidad en el sector financiero como también en la economía en general. Además, un ente regulador como la Superintendencia en Paraguay podría impedir nuevas crisis en el sistema previsional nacional, como los casos de la Caja de Empleados Bancarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú (Cajubi).
Finalmente, el funcionamiento de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones en el país podría dar la confianza a la clase trabajadora de que sus ahorros están siendo invertidos bajo los pilares de la seguridad, liquidez y rentabilidad. El manejo bajo los mencionados criterios también se convertiría en incentivo para que más personas ingresen al sistema previsional, aumentando los niveles de ahorro en la economía y creando más fuentes de financiamiento para otros proyectos, como de infraestructura, que son de gran impacto social y económico.
Los sistemas de pensiones se constituyen en la piedra angular de las preocupaciones en América Latina debido al rápido crecimiento de jubilados frente a cotizantes. Arriesga la sostenibilidad de los sistemas previsionales en países de la región y presiona las cuentas públicas, dejándolas, incluso, en déficit.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que, en las próximas décadas, cuidar del bienestar de las personas mayores será uno de los desafíos centrales para los sistemas de protección social en América Latina.
Estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda dan cuenta de que, de los aproximadamente US$ 16.000 millones de los fondos captados por el sistema financiero, alrededor de US$ 3.400 millones corresponden a recursos del sistema previsional (cerca de 11% del producto interno bruto).